La Consellería de Facenda atiende las exigencias de la UE para tratar de evitar irregularidades y rentabilizar las ayudas comunitarias

La Xunta busca mejorar la gestión de los fondos europeos mediante controles preventivos antes de certificar el gasto

La Dirección Xeral de Planificación e Fondos, que depende de la Consellería de Facenda, realizará controles preventivos antes de certificar el gasto y solicitar el reembolso de la Comisión Europea para tratar de mejorar la gestión de los fondos comunitarios e 'incrementar su eficacia' en Galicia.
Así lo indicó hoy el departamento autonómico en un comunicado en el que destacó que estos informes se sumarán a las auditorías que ya elaboran otros órganos de control comunitarios --Comisión y Tribunal de Cuentas Europeos--; españoles --Ministerio de Economía y Hacienda y Unidad Administradora del Fondo Social Europeo-- y autonómicos --Consello de Contas e Intervención Xeral da Comunidade Autónoma--.

Estos controles --explicó-- se harán antes de que se declare el gasto cofinanciado con estos fondos y se solicite el reembolso correspondiente a Bruselas, 'por lo que se evitarán posibles irregularidades y se rentabilizarán las ayudas comunitarias'.

Esta labor preventiva de la Dirección Xeral de Planificación e Fondos 'se fue incrementando progresivamente' desde el periodo 2000-2006, rasaltó Facenda, hasta alcanzar un 25 por ciento del gasto total que gestionan las distintas consellerías y otros órganos dependientes de la Xunta.

Así, subrayó que 'la cuarta parte' del gasto cofinanciado con fondos europeos en la Comunidad Autónoma 'es verificado previamente para comprobar que son gastos subvencionables' y que, además, 'están debidamente justificados y se adecuan a la operación o decisión para la que fueron concebidos'.

CIEN POR CIEN

En el periodo actual de programación 2007-2013, esta labor se reforzó por exigencias de la Unión Europea, con acuerdos de colaboración que la dirección xeral suscribió con los órganos gestores de fondos europeos de la Xunta para realizar el 100 por cien de las verificaciones administrativas del gasto que se declare en la comunidad.

Esto se complementará, por último, con verificaciones 'sobre el terreno' que alcanzarán, como mínimo, el 25 por ciento del gasto que se proponga para certificar.

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