Walter Wilfrido Y.G. asegura que estaba con unos amigos en el entorno de las piscinas municipales de Verín y no en la cama de una niña de 10 años, la hija de su pareja. No reconoce los abusos sexuales (tocamientos) que relató la menor casi dos meses después porque le daba vergüenza y pensaba que no la iban a creer. Pero la ruptura de la relación de su madre con el inculpado por un episodio de violencia de género, un asunto también judicializado, la animó a contarlo: mantiene que la pareja de su madre en 2019 entró en su dormitorio, justo el día anterior al comienzo del curso escolar, cuando estaba acostada. Según esa versión, el inculpado la tocó con un dedo en la zona vaginal pero cesó en su acción sexual cuando se percató de lo qué sucedía. La tapó y salió de la habitación. Desde entonces, según la madre, se mostraba esquiva y alquiló otra casa.
Walter volvió a decir ayer en la sala de vistas de la Audiencia, en donde se celebró el juicio a puerta cerrada, que no estaba en la vivenda que compartía con su pareja y la hija desde febrero de ese año, cuando salió de la cárcel. La madre no estaba en casa por las noches porque trabajaba en la hostelería y él se quedaba cuidando a la menor. Pero, según reconoció ayer, solía salir con los amigos a dar una vuelta. Si algo le ocurría, tenía un móvil para llamar. Dos de esos “colegas” pasaron ayer por la sala de vistas, confirmando esa versión pero de forma genérica, sin concretar exactamente el día.
Los peritos del Imelga que examinaron a la perjudicada consideraron creíble su relato. De hecho, llegó a estar a tratamiento psicológico.
La fiscal y la acusación particular no llamaron a declarar a la niña, que hoy tiene 12 años porque se tuvo en cuenta la declaración realizada en el Juzgado de Instrucción de Verín como prueba preconstituida. Actualmente, desde los tribunales de justicia se procura que los niños que denuncian o sufren abusos que efectúen el relato las menos veces posibles.
Tanto la fiscal como el letrado de oficio de la acusación particular reclaman para el encausado una condena de tres años y medio de cárcel, además de siete años de libertad vigilada una vez cumplida la pena, además de un alejamiento con respecto a la víctima a 500 metros durante cinco años. Por daños morales coinciden en la indemnización, 1.000 euros.
Los abusos, el delito sexual más denunciado
La Audiencia de Ourense, desde que comenzó el año, celebra todos los meses (en abril dos) algún juicio por abusos o agresiones sexuales en los que las víctimas son menores de 16 años. El próximo mes, habrá otro.
El pasado año se denunciaron 56 delitos contra la libertad e indemnidad sexual, cuatro más que un año antes. Hasta la fecha, el peor registro se contabilizó en 2018, con 72 denuncias: la mayoría abusos sexuales, 43 infracciones, de las que cuatro fueron con penetración. Precisamente, el delito sexual más denunciado en Ourense son los abusos. En 2019, el último con estadística desglosada, fueron 32, cuatro de ellos con penetración, además de 12 agresiones sexuales (con violencia).
