El ex presidente peruano Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por la sala penal especial de la Corte Suprema de Justicia que lo procesó por violaciones a los derechos humanos.
Fujimori, de 70 años, fue declarado culpable de los delitos de homicidio calificado y asesinato con alevosía, lesiones graves y secuestro por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 muertos en 1991 y 1992, además del secuestro de un periodista y un empresario en 1992.
Ante la decisión, Fujimori interpuso un recurso de nulidad.
El presidente de la sala, César San Martín, explicó que esos delitos constituyen crímenes de Estado y contra la humanidad, y que tuvieron el agravante de trato cruel.
Añadió que Fujimori fue el autor intelectual por el dominio que ejercía de los aparatos de poder organizados, y no sobre los ejecutores inmediatos de los delitos.
En el fallo se explicó que los delitos fueron ejecutados por agentes públicos del Estado, miembros del grupo militar encubierto Colina, y que a las víctimas se les atribuyó una vinculación con la banda armada Sendero Luminoso.
No existió una voluntad institucional de esclarecimiento sobre los crímenes de violación de los derechos humanos, la respuesta fue lamentable y obstaculizadora, (pues) fueron al objetivo de negar los hechos y no contribuir a esclarecer los hechos, subrayó la resolución.
El fallo apuntó que fue tan impresionante el mecanismo encubridor, que se mantuvo firmemente en el tiempo, pero no pudo expresarse ni consolidarse sin el apoyo del jefe de estado.
Fujimori defendió a ultranza a su entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos, que era el encargado de todos los organismos de inteligencia del Estado, en todos los niveles de la seguridad pública, agregó la sentencia.
El grupo Colina actuó bajo órdenes de los organismos comandados por Montesinos, quien a su vez rendía cuentas de sus actividades en forma regular a Fujimori, agregó.
Los agentes del Colina recibieron la promesa de que serían amnistiados por Fujimori, tras ser sometidos a la justicia militar por el caso La Cantuta en 1994, como efectivamente sucedió y recuperaron su libertad en 1995, cuando el ex mandatario fue reelegido, añadió el fallo.
La ley de amnistía dictada por Fujimori en 1995 no sólo permitió la liberación de los integrantes de esa agrupación clandestina, autora de 50 asesinatos en 15 meses de actividad, sino que se archivaron todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos presentadas hasta entonces, agregó la sentencia.
Ante la decisión, Fujimori interpuso un recurso de nulidad.
El presidente de la sala, César San Martín, explicó que esos delitos constituyen crímenes de Estado y contra la humanidad, y que tuvieron el agravante de trato cruel.
Añadió que Fujimori fue el autor intelectual por el dominio que ejercía de los aparatos de poder organizados, y no sobre los ejecutores inmediatos de los delitos.
En el fallo se explicó que los delitos fueron ejecutados por agentes públicos del Estado, miembros del grupo militar encubierto Colina, y que a las víctimas se les atribuyó una vinculación con la banda armada Sendero Luminoso.
No existió una voluntad institucional de esclarecimiento sobre los crímenes de violación de los derechos humanos, la respuesta fue lamentable y obstaculizadora, (pues) fueron al objetivo de negar los hechos y no contribuir a esclarecer los hechos, subrayó la resolución.
El fallo apuntó que fue tan impresionante el mecanismo encubridor, que se mantuvo firmemente en el tiempo, pero no pudo expresarse ni consolidarse sin el apoyo del jefe de estado.
Fujimori defendió a ultranza a su entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos, que era el encargado de todos los organismos de inteligencia del Estado, en todos los niveles de la seguridad pública, agregó la sentencia.
El grupo Colina actuó bajo órdenes de los organismos comandados por Montesinos, quien a su vez rendía cuentas de sus actividades en forma regular a Fujimori, agregó.
Los agentes del Colina recibieron la promesa de que serían amnistiados por Fujimori, tras ser sometidos a la justicia militar por el caso La Cantuta en 1994, como efectivamente sucedió y recuperaron su libertad en 1995, cuando el ex mandatario fue reelegido, añadió el fallo.
La ley de amnistía dictada por Fujimori en 1995 no sólo permitió la liberación de los integrantes de esa agrupación clandestina, autora de 50 asesinatos en 15 meses de actividad, sino que se archivaron todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos presentadas hasta entonces, agregó la sentencia.
