El imputado hace valer que los técnicos municipales avalan que "as contratacións foron legais"
El fiscal Fernando Suances, en un escrito de alegaciones con fecha del pasado día 9 remitido al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia interesa que se dicte auto de procesamiento contra el parlamentario autonómico socialista Manuel Vázquez, por un delito continuado de prevaricación en relación a las medidas adoptadas para favorecer las 50 supuestas contrataciones ilegales en su etapa como alcalde de Carballiño.
El juez que instruye la causa, José Antonio Ballestero Pascual, dio por concluida la instrucción a finales de diciembre, reclamando a las partes que se pronuncien sobre la continuidad del caso.
El proceso parte de unas diligencias informativas transformadas posteriormente en denuncia del fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, en relación a la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación por el que también fue conselleiro de Medio Ambiente con el bipartito. En concreto, se sospecha de la contratación irregular de, al menos, 37 personas cuando ejercía como alcalde desde 1999 y, en especial, entre los años 2003, 2004 y 2005.
En cuanto a las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas del proceso penal o nulidad de los contratos realizados de forma ilícita, el fiscal del TSXG anuncia que, en aras de simplificar el procedimiento, en su escrito de calificación "no formulará petición de responsabilidad civil" y, aunque interese la nulidad de las resoluciones y decretos firmados por Manuel Vázquez, no tendrá consecuencias ulteriores.
En este sentido, el fiscal recuerda que "todos los contratos referidos ya no están vigentes por lo que en principio no producirían ningún efecto para el trabajador o Ayuntamiento su hipotética nulidad".
Para el ministerio público la contratación se realizó "con absoluta y consciente omisión de los más elementales principios que rigen la contratación pública en los que la publicidad es, sin duda, piedra angular".
La querella alcanza también al sucesor de Vázquez, Carlos Montes; a la exconcejala Elisa Domínguez Vidal, que actuó como alcaldesa accidental, y a los exconcejales Alfonso Prado y José Antonio Barge, responsables de Personal. No obstante, al no ser aforados, su responsabilidad es objeto de otro procedimiento en un juzgado de Carballiño.
El imputado, quien reclama el archivo del procedimiento, reiteró ayer que las contrataciones realizadas en su etapa como regidor se realizaron "no marco da legalidade tal como demostra una serie de documentos aportados (convocatorias públicas de emprego entre 2001 e 2005) e polas declaración efectuadas polos técnicos munipais ante o TSXG". Añade que ninguno de los testigos corroboran que "propuxen directa o indirectamente a contratación de ningunha das persoas relacionadas na querella" y esgrime la existencia de expedientes de contratación y la inexistencia de reparos.
