Citados a declarar la junta de gobierno que aprobó en el 2008 la reforma de la calle Bedoya por presunta prevaricación administrativa. En ella estaban tanto Agustín Fernández como las ediles Áurea Soto y Margarita Martin.
El actual alcalde socialista de la ciudad, Agustín Fernández, y las concejalas de su confianza Aurea Soto (Urbanismo e Infraestructuras) y Margarita Martín (Benestar Social) han sido imputados por prevaricación administrativa por el juez decano del Juzgado número dos de Ourense, Antonio Piña, como miembros de la junta municipal de gobierno en el año 2008, órgano que adjudicó, por un procedimiento negociado y sin publicidad, la remodelación de la calle Bedoya a la empresa ourensana OCA SA.
El auto se dio a conocer hoy y cita a declarar, también en calidad de imputados, a todos los miembros de la junta de gobierno de aquel año, cuando gobernaba la ciudad el bipartito formado por el PSdeG y BNG. Por ello, también han sido imputados el exalcalde socialista, Francisco Rodríguez -imputado a su vez por varios delitos en la Operacion Pokemon-, y el teniente de alcalde, el nacionalista Alexandre Sánchez Vidal. Igualmente están en la lista de imputados el entonces edil de Medio Ambiente, Demetrio Espinosa, la exconcejala del BNG, Marta Arribas, y la que fue cabeza de lista del BNG en 2011 y teniente de alcalde hasta la ruptura del bipartito con la Operación Pokemon, en septiembre de 2012, Isabel Pérez.
Hasta ahora estaban imputados por esta causa, abierta a raíz de una denuncia de la oposición, el exedil del BNG, que también fue teniente de alcalde de Ourense cuando dimitió Sánchez Vidal, Andrés García Mata, y el asesor jurídico del Concello, Luis Tros de Ilarduia, que ya prestaron declaración ante el juez, aunque tendrán que volver a declarar. En estos dos casos, Mata y Tros están imputados por fraude y exacciones ilegales. Sobre los demás no se especifica la razón de las imputaciones.
El juez abrió diligencias por el modo de adjudicación de esta obra, que no se efectuó por un concurso público, sino mediante un procedimiento negociado, que permitió a esa empresa encargarse de la obra por un importe cercano a los 600.000 euros. El gobierno municipal justificó el uso de esa tramitación en la necesidad de adjudicar las obras con urgencia, para evitar perder una subvención concedida para tal fin.
