La Audiencia reservó dos días para un juicio en el que está acusado de prevaricación y falsedad
El alcalde de Vilariño de Conso, Ventura Sierra, quien se dio de baja en el PP a raíz de su imputación, será juzgado en la Audiencia provincial los días 24 y 25 de este mes por prevaricación y falsedad en documento oficial en contratos que presuntamente fueron adjudicados a dedo entre los años 2012 y 2013. Tanto la acusación particular como el ministerio público coinciden en su petición de condena: nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación así como cinco años de prisión por la falsedad continuada en documento oficial (el fiscal también añade multa de 18 meses, con cuota diaria de 12 euros) así como otros cinco años más de inhabilitación (referida a todo empleo en la función pública cuyo acceso sea electivo, incluido personal de confianza, en cualquier administración pública, entes o sociedades públicas o en sociedades mixtas de capital público y privado así como a cualquier cargo o puesto que sea fruto de elecciones en el ámbito local, autonómico, nacional o europeo).
El asunto penal que ahora se ventilará en la Audiencia tiene su punto de partida en la denuncia ante la Fiscalía de Ourense presentada por el PSOE y la Agrupación Independiente de Vilariño en alusión a contrataciones realizadas en 2012 y 2013 en el Concello de Vilariño. El fiscal jefe, Florentino Delgado, abrió diligencias informativas para escrutar 28 contratos firmados con 19 trabajadores, algunos rubricados por una misma persona, y en marzo de 2015 presentó denuncia ante el Juzgado de Trives al sostener que Sierra elegía a los trabajadores en base a su criterio personal, un método que vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. También determinó que en el procedimiento de contratación no se daba publicidad a los puestos de trabajo, lo que evitaba otros posibles candidatos.
Para el ministerio fiscal, el alcalde era consciente de su actuación ilícita "ya que en todas las contrataciones se dio un informe de fiscalización de la secretaria interventora en el que se hacía patente la ilegalidad ". Aún así, el mandatario local levantó los reparos para proceder a las contrataciones. Y sostiene que hubo falsedad en documentación remitida al Servicio Galego de Emprego.
Por su parte, el mandatario local mantiene su inocencia y atribuye la imputación a rencillas políticas. Según sostuvo en la instrucción, Vilariño es un concello pequeño en el que se intenta dar trabajo a los vecinos de lugar . Valoró que se trata de una irregularidad administrativa porque "non tes medios nin tempo para cumplir todos os requisitos oficiais".
