Acega, la empresa concesionaria de la autopista AP-53 entre Santiago y Dozón -dentro de la conexión de Ourense con la ciudad compostelana-, ha presentado un expediente de regulación de empleo con el que pretende despedir a 15 de sus 45 empleados, además de implantar cabinas automáticas en el peaje en sustitución de las manuales, según los datos que dio a conocer ayer el grupo socialista en el Parlamento gallego.
Así, el diputado Xosé Antón Sánchez Bugallo presentó una iniciativa parlamentaria en la que insta a la Xunta a intervenir en este caso, pues considera que la reducción de personal causaría un grave perjuicio a los usuarios de esta vía de pago.
En concreto, Sánchez Bugallo explica que el ERE que promueve la empresa afecta fundamentalmente al personal de las cabinas, lo que le lleva a considerar que 'a intención da empresa é proceder á sustitución destes operarios por maquinaria', un hecho que no ve justificado ni por necesidades de la empresa y ni por el servicio a los ciudadanos que, lejos de mejorar, empeoraría. Así, explica que los operarios desempeñan un papel importante a la hora de atender las dificultades que surgen a los conductores y que, de consumarse la propuesta de la empresa, 'terían que razoar cunha máquina', ironizó. Criticó también que el ERE que pretende realizar Acega afecta los empleados que tienen una menor remuneración, a pesar de que realizan un servicio 'imprescindible' al atender los posibles problemas de los usuarios.
Por ello, en la propuesta presentada en el Parlamento, Sánchez Bugallo pregunta a la Xunta si prevé dar su visto bueno a este expediente de regulación de empleo y qué medidas piensa adoptar para lograr que se garantice la calidad del servicio a los usuarios.
En este sentido, la Xunta ya se había posicionado en contra de la supresión de personal en los peajes de las autopistas A Coruña-Carballo (AG-55) y Vigo-Baiona (AG-57), abriendo un expediente sancionador a la concesionaria y obligándola a reimplantar el cobro manual. No obstante, las citadas vías eran de titularidad autonómica, a diferencia de la AP-53, que depende del Ministerio de Fomento.
Mientras, los sindicatos presentes en Acega, UGT, CIG y Sita, rechazan esta medida que, según explican, se iniciaría en los peajes de Silleda, Ribadulla y Bandeira (donde ya sólo funciona el pago automático en las horas del día con menos demanda), y que posteriormente se aplicaría en los de Lalín y Santiago. A juicio de los representantes de los trabajadores, la empresa debería realizar una rebaja en las tarifas que aplica, así como bonos de descuento a los usuarios, argumentando que se trata de las pocas autopistas de España que no ofrece bonificaciones.
QUEJAS POR EL COSTE
El alto coste de la autopista entre Dozón y Santiago ha sido objeto de crítica por parte de los conductores desde su entrada en funcionamiento. Actualmente, el peaje cuesta 5,80 euros para los turismos (9,80 para furgonetas y a 11,60 para camiones y autobuses). Esto ha ocasionado un gran descenso de usuarios en los dos últimos años: un 6% en 2011 y un 14% en 2012. Así, la cifra media de usuarios el año pasado fue de 4.954 por día, unos 1.200 menos que los que registraba en 2010.
En concreto, Sánchez Bugallo explica que el ERE que promueve la empresa afecta fundamentalmente al personal de las cabinas, lo que le lleva a considerar que 'a intención da empresa é proceder á sustitución destes operarios por maquinaria', un hecho que no ve justificado ni por necesidades de la empresa y ni por el servicio a los ciudadanos que, lejos de mejorar, empeoraría. Así, explica que los operarios desempeñan un papel importante a la hora de atender las dificultades que surgen a los conductores y que, de consumarse la propuesta de la empresa, 'terían que razoar cunha máquina', ironizó. Criticó también que el ERE que pretende realizar Acega afecta los empleados que tienen una menor remuneración, a pesar de que realizan un servicio 'imprescindible' al atender los posibles problemas de los usuarios.
Por ello, en la propuesta presentada en el Parlamento, Sánchez Bugallo pregunta a la Xunta si prevé dar su visto bueno a este expediente de regulación de empleo y qué medidas piensa adoptar para lograr que se garantice la calidad del servicio a los usuarios.
En este sentido, la Xunta ya se había posicionado en contra de la supresión de personal en los peajes de las autopistas A Coruña-Carballo (AG-55) y Vigo-Baiona (AG-57), abriendo un expediente sancionador a la concesionaria y obligándola a reimplantar el cobro manual. No obstante, las citadas vías eran de titularidad autonómica, a diferencia de la AP-53, que depende del Ministerio de Fomento.
Mientras, los sindicatos presentes en Acega, UGT, CIG y Sita, rechazan esta medida que, según explican, se iniciaría en los peajes de Silleda, Ribadulla y Bandeira (donde ya sólo funciona el pago automático en las horas del día con menos demanda), y que posteriormente se aplicaría en los de Lalín y Santiago. A juicio de los representantes de los trabajadores, la empresa debería realizar una rebaja en las tarifas que aplica, así como bonos de descuento a los usuarios, argumentando que se trata de las pocas autopistas de España que no ofrece bonificaciones.
QUEJAS POR EL COSTE
El alto coste de la autopista entre Dozón y Santiago ha sido objeto de crítica por parte de los conductores desde su entrada en funcionamiento. Actualmente, el peaje cuesta 5,80 euros para los turismos (9,80 para furgonetas y a 11,60 para camiones y autobuses). Esto ha ocasionado un gran descenso de usuarios en los dos últimos años: un 6% en 2011 y un 14% en 2012. Así, la cifra media de usuarios el año pasado fue de 4.954 por día, unos 1.200 menos que los que registraba en 2010.