El próximo 17 de febrero la Audiencia acogerá una vista para decidir si ha prescrito el delito de negociaciones prohibidas que se imputa al ex alcalde de Vilamartín, Manuel Candal, y a su yerno, Luciano Álvarez, tal y como sostiene la defensa.
La Audiencia provincial determinará si han prescrito los hechos que el fiscal y la acusación particular imputan al ex alcalde de Vilamartín, Manuel Candal, y su yerno y tesorero municipal, Luciano Álvarez, acusados de un presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Para ello, el próximo 17 de febrero se celebrará una vista para que la presidenta del tribunal analice esta cuestión previamente a la celebración del juicio oral ante un tribunal de jurado popular.
La defensa de ambos acusados sostiene que los hechos que se les atribuye -la contratación de seguros del Concello de Vilamartín a la compañía que representa Álvarez- no constituyen delito por no tener mis representados la obligación de informar y tratarse de la contratación de pólizas de seguros que en ningún caso la prima supera los 12.000 euros, por lo que el alcalde puede contratar directamente sin necesidad de someterlo al pleno ni a ninguna comisión. Aun así, añade que, de cometerse delito, habría que retrotraerse a la fecha de las firmas de las pólizas, toda vez que los pagos anuales son consecuencia de lo acordado en las mismas.
Dado que las pólizas se suscribieron en 1993, 1994 y el 2 de enero de 1999 y que este tipo de delitos prescriben a los cinco años, la defensa considera que los hechos están prescritos, ya que desde enero de 1999 hasta la fecha de la denuncia, 27 de octubre de 2004, han transcurrido con exceso los cinco años que señala la Ley para la prescripción del delito, enten diendo además que se ha de entender la fecha de las pólizas y no el pago de las anualidades.
El fiscal y la acusación particular (los hechos fueron denunciados por el ex edil socialista Pablo Deramond) sostienen que parte de los hechos no han pres crito. Así, la acusación particular afirma que el entonces alcalde firmó tres mandamientos de pago en noviembre de 1999 y enero de 2000. El fiscal solicita provisionalmente seis años de inhabilitación y multas de 10.800 euros.
La defensa de ambos acusados sostiene que los hechos que se les atribuye -la contratación de seguros del Concello de Vilamartín a la compañía que representa Álvarez- no constituyen delito por no tener mis representados la obligación de informar y tratarse de la contratación de pólizas de seguros que en ningún caso la prima supera los 12.000 euros, por lo que el alcalde puede contratar directamente sin necesidad de someterlo al pleno ni a ninguna comisión. Aun así, añade que, de cometerse delito, habría que retrotraerse a la fecha de las firmas de las pólizas, toda vez que los pagos anuales son consecuencia de lo acordado en las mismas.
Dado que las pólizas se suscribieron en 1993, 1994 y el 2 de enero de 1999 y que este tipo de delitos prescriben a los cinco años, la defensa considera que los hechos están prescritos, ya que desde enero de 1999 hasta la fecha de la denuncia, 27 de octubre de 2004, han transcurrido con exceso los cinco años que señala la Ley para la prescripción del delito, enten diendo además que se ha de entender la fecha de las pólizas y no el pago de las anualidades.
El fiscal y la acusación particular (los hechos fueron denunciados por el ex edil socialista Pablo Deramond) sostienen que parte de los hechos no han pres crito. Así, la acusación particular afirma que el entonces alcalde firmó tres mandamientos de pago en noviembre de 1999 y enero de 2000. El fiscal solicita provisionalmente seis años de inhabilitación y multas de 10.800 euros.
