El decano de los abogados de Ourense, Arturo González, aseguró en la tarde de ayer que da prácticamente por seguro el recurso de reposición ante la Audiencia Nacional oponiéndose al auto notificado ayer por el que ese órgano judicial no considera oportuno suspender de forma cautelar las tasas judiciales antes de resolver el recurso planteado desde Ourense, y admitido a trámite, contra la ley que impone determinados tributos para poder pleitear.
La Audiencia Nacional desestima la petición del Colegio de Abogados de Ourense de proceder a la suspensión cautelar de la orden ministerial que regula el pago de las tasas judiciales al considerar que supondría 'prejuzgar el fondo del asunto' y que esta medida 'no causa para los recurrentes (los letrados) un perjuicio irreparable'.
Citando doctrina del Supremo, el auto de la sección séptima señala que 'no se advierte que la aplicación de la orden impugnada comporte para la corporación recurrente la irrogación de perjuicios de difícil o imposible reparación, superiores a los que la suspensión de sus vigencia produciría al interés público'. Todo ello, añaden, 'sin perjuicio de lo que se resuelva al enjuiciar la disposición general impugnada en la fase definitiva del proceso'.
Arturo González explicó, no obstante, que toda medida cautelar planteada ante un órgano jurisdiccional 'supone un mínimo de análisis del asunto', rechazando así el argumento de que se prejuzga el fondo. Tampoco comparte que al colegio de abogados no se le cause ningún prejuicio porque 'los letrados defendemos los intereses de los ciudadanos y estamos ante un claro perjuicio a la ciudadanía con la imposición de tasas'.
Por contra, valoró el hecho de que la Audiencia Nacional no le imponga la costas al órgano colegiado, a pesar de que era su obligación, 'porque se acogen a una excepción legal dadas las serias dudas que a ellos mismos le plantea la orden impugnada'.
El escrito del colegio, de 13 páginas, defiende que el 'tasazo' judicial supone 'una violación del derecho a la tutela judicial efectiva', contemplado en el artículo 24 de la Constitución, y contraviene el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que 'toda persona tiene derecho a que su causa sea vista equitativa y públicamente en un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial'.
Del mismo modo, los abogados de Ourense denunciaban que la medida tiene un carácter exclusivamente 'recaudatorio' y que las tasas no se aplicarán 'a partir de la capacidad económica del contribuyente' sino del 'coste del servicio prestado'.
Citando doctrina del Supremo, el auto de la sección séptima señala que 'no se advierte que la aplicación de la orden impugnada comporte para la corporación recurrente la irrogación de perjuicios de difícil o imposible reparación, superiores a los que la suspensión de sus vigencia produciría al interés público'. Todo ello, añaden, 'sin perjuicio de lo que se resuelva al enjuiciar la disposición general impugnada en la fase definitiva del proceso'.
Arturo González explicó, no obstante, que toda medida cautelar planteada ante un órgano jurisdiccional 'supone un mínimo de análisis del asunto', rechazando así el argumento de que se prejuzga el fondo. Tampoco comparte que al colegio de abogados no se le cause ningún prejuicio porque 'los letrados defendemos los intereses de los ciudadanos y estamos ante un claro perjuicio a la ciudadanía con la imposición de tasas'.
Por contra, valoró el hecho de que la Audiencia Nacional no le imponga la costas al órgano colegiado, a pesar de que era su obligación, 'porque se acogen a una excepción legal dadas las serias dudas que a ellos mismos le plantea la orden impugnada'.
El escrito del colegio, de 13 páginas, defiende que el 'tasazo' judicial supone 'una violación del derecho a la tutela judicial efectiva', contemplado en el artículo 24 de la Constitución, y contraviene el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que 'toda persona tiene derecho a que su causa sea vista equitativa y públicamente en un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial'.
Del mismo modo, los abogados de Ourense denunciaban que la medida tiene un carácter exclusivamente 'recaudatorio' y que las tasas no se aplicarán 'a partir de la capacidad económica del contribuyente' sino del 'coste del servicio prestado'.
