Áurea Soto será juzgada por prevaricación no antes de un año

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, notificó ayer un auto en el que se decreta la apertura de juicio oral para la concejala de Urbanismo de la ciudad, la socialista Áurea Soto, y el abogado coruñés Carlos Hernández Soto, en calidad de cooperador necesario, por un delito de prevaricación en relación a la legalización del parking bajo el subsuelo de la plaza de San Antonio y la indemnización a una vecina.

El auto del juez pone punto y final a la instrucción, aunque queda que los imputados presenten sus escritos de defensa, acordando remitir todas las actuaciones al órgano competente para la celebración del juicio (alguno de los dos juzgados de lo Penal. A partir de ahí, el órgano competente deberá señalar la vista oral, que, en todo caso, no se celebrará antes de un año, según confirmaron ayer fuentes judiciales a este diario, debido a la saturada agenda que maneja esa jurisdicción.

El instructor aguardó a que la fiscal decidiera si tomaba parte activa en el proceso. Finalmente, el ministe- rio público optó por acusar a los dos imputados de prevaricación urbanística: reclama para cada uno una condena de 10 años de inhabilitación y multa de 20 meses con cuota de 20 euros al día.

Dos meses antes, la acusación popular, la que ejerce el promotor Bautista Rodríguez, aunque la querella la rubricó su hija, Cristina Rodríguez, ya había presentado su escrito de calificación. El promotor, con varios frentes urbanísticos en conf licto con el gobierno local como el que derivó en el cierre de la residencia universitaria,acusa a Soto y su letrado de tres delitos de prevaricación (siete años de inhabilitación por cada uno y multa de 3.600 euros).

Los hechos que sentarán a Soto y Hernández en el banquillo se iniciaron a raíz de un denuncia de Democracia Ourensana en enero de 2013, que después no se personó como parte activa, por el acuerdo de la junta de gobierno de 5 de diciembre de 2007 por el que, a propuesta de la concejala, se daba licencia de ocupación a las edificaciones de la plaza de San Antonio, incluidas tres plantas de sótano de un parking de explotación privado en el subsuelo de dominio público. Pero también porque el Concello concedía una indemnización de 358.528 euros a un vecina, quien había cuestionado ante los tribunales la urbanización de esa zona, por pérdida de luces traseras en un edificio de la calle Bedoya.

La concejala encargó a Hernández un informe jurídico para "acomodar el expediente municipal" y así otorgar licencia, según sostienen las acusaciones, "ante la imposibilidad de obtener de los funcionarios municipales un informe jurídico favorable para esa licencia en el subsuelo".

"PERJUDICÓ AL CONCELLO"

El juez asegura en el auto de apertura de juicio oral que la decisión de la edil perjudicó al ente local: "No sólo ver mermadas sus arcas por la concesión de una licencia a todas luces desproporcionada sino que, además, ve como se mantiene la titularidad privada de tres plantas de parking que por imperativo judicial le pertenecían al Concello de Ourense". Y entiende, en base a resoluciones del TSXG, que no cabe la titularidad privada del aparcamiento. Recoge como hecho delictivo la negativa de la edil a tramitar las peticiones para revisar las licencias de legalización de diciembre de 2007 "a sabiendas de que la tramitación podría desembocar en una resolución que determinase la ilegalidad de todo lo realizado en relación al parking".

La propia concejal reiteró ayer,tras conocer esta resolución que no piensa dimitir, una opción que emplaza a la celebración del juicio para no perju- dicar al PSOE. Asegura que afronta este proceso con "tranquilidad" porque "tres magistrados del Tribunal Superior avalan la licencia".