Seara ha comparecido para reclamar claridad y transparencia al gobierno municipal, que tendrá que modificar su capítulo orzamentario relativo a los gastos de personal tras una sentencia declarada firme en noviembre de 2022, por la cual, el denominado Capítulo I del gobierno municipal era anulado, obligando al consistorio a aplicar lo presupuestado en el año 2014, última vez que Ourense contó con un orzamento aprobado hasta la llegada del bipartito DO-PP en 2020, cuando se volvieron a aprobar las cuentas municipales.
Según ha relatado el portavoz nacionalista, el gobierno municipal habría iniciado entonces una huida hacia delante que culmina en noviembre de 2023, cuando la justicia requiere por escrito a Gonzalo Jácome que ejecute la sentencia, firmando éste una diligencia aún en febrero de éste año. Remataba el relato de los acontecimientos desde el grupo de la oposción afirmando que ese decreto, que devuelve al personal del concello al año 2014, no se notificó al departamento de Gestión Económica, ni a Intervención Municipal hasta el 29 de febrero de este año.
Un retraso que podría suponer sanciones de entre 150 y 1.500 euros. Para agravar la situación, los retrasos comprometerían el pago de las nóminas de marzo al faltar sendos informes de ambos departamentos.
