Tres de los siete principales ayuntamientos de Galicia se rigen por planeamientos urbanísticos aprobados hace más de dos décadas
El Concello de Ourense comparte con otras dos capitales de provincia de España, Logroño y Teruel, la condición de regirse urbanísticamente por un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) aprobado hace más de 30 años. La anulación hace tres semanas por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de la ordenación urbanística provisional aprobada en 2011 para dar cobertura a proyectos estratégicos -el fallo no es firme, aunque fuentes conocedoras del caso entienden que el recurso ante el Tribunal Supremo solo servirá para ganar tiempo- devuelve a la ciudad a un planeamiento aprobado definitivamente el 16 de septiembre de 1986, cuando ostentaba el bastón de mando Antonio Caride Tabarés, de Alianza Popular, fuerza predecesora del PP.
El desarrollo económico, social y político de Ourense, como en todos los rincones de la geografía española, dejó esas normativas anquilosadas, motivo por el que casi la totalidad de los grandes ayuntamientos emprendieron a lo largo de la década de los 90 un proceso de renovación urbanística, con la consiguiente actualización de sus normas para poder dar cobertura a un modelo totalmente diferente al que se venía demandando. Fue la transición entre el siglo XX y el XXI el momento en que gran parte de los principales ayuntamientos españoles fueron actualizando sus planeamientos, un proceso farragoso y repleto de trámites, que supone una media de ocho años desde el inicio de la tramitación hasta su entrada en vigor.
En esa línea se movió Ourense, de la mano del gobierno liderado por el popular Manuel Cabezas y con Ricardo Campo Labrador al frente del departamento de Urbanismo, consiguiendo aprobar definitivamente un nuevo Plan Xeral en 2003. Sin embargo, cinco años más tarde llegaba el revés judicial, confirmado en 2011 por el Tribunal Supremo, lo que sumía a la ciudad en un laberinto del que todavía no ha podido salir y que se ha ido complicando con nuevas sentencias en contra, condenándola a viajar al pasado tres décadas.
Intentos fallidos
Difiere la situación de Ourense de las otras dos capitales de provincia con un planeamiento urbanístico de mediados de la década de los 80. Tanto Logroño como Teruel no han aprobado un nuevo documento desde 1985.
Mientras el ayuntamiento riojano no ha llevado a cabo ningún intento de adaptar su documento, el desfase urbanístico preocupa más en Teruel, donde las últimas cinco corporaciones intentaron llevar a cabo una renovación de su Plan de urbanismo, sin que ninguna de ellas prosperase, por lo que sigue siendo una asignatura pendiente.
Galicia
Tres de las siete ciudades gallegas se rigen en la actualidad por un planeamiento con más de 20 años de antigüedad, con Ourense a la cabeza. El siguiente en la lista es el Concello de Pontevedra, donde está en vigor un PXOM aprobado en 1989 que se intentó actualizar sin éxito a mediados de la década pasada. El gobierno local encabezado por el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores metió en el cajón su reforma definitivamente en 2012, tras haber gastado cerca de un millón de euros, al considerar inviables los trámites que solicitaba la Xunta.
Por otro lado, Vigo se rige ahora por un plan de 1993, después de que la Justicia anulase el PXOM de 2008 al aceptar el recurso de una agrupación vecinal que entendía que no se había respetado la obligatoriedad de realizar una evaluación de impacto ambiental estratégica. Al igual que ha sucedido con Ourense, el municipio vigués se ha puesto manos a la obra para redactar un nuevo Plan Xeral que pueda reemplazar a un documento que no cubre sus necesidades actuales.
Ourense aprobó inicialmente un nuevo plan en 2013. En las próximas semanas, se prevé que se pueda iniciar la negociación política entre PP, PSOE, Democracia Ourensana y Ourense en Común para tratar de llegar a un consenso que permita a la ciudad dejar atrás un modelo urbanístico totalmente desfasado. Prueba de ello es que dos de los actuales ediles de la corporación, Pablo Prol (DO) y Ledicia Piñeiro (OUeC), que deben pronunciarse sobre el nuevo PXOM, no habían ni siquiera nacido cuando se dio luz verde al de 1986.
