Castro Rey abordó después de su ponencia, las preguntas que formuló el público asistente al evento, que se interesó por procesos reales como el actual juicio por el accidente ferroviario de Angrois o el caso contra los líderes del conocido como “procés” catalán. Asimismo, explicó cómo actúa la Abogacía del Estado en casos tan complejos como el Prestige, en el que ejerció de forma simultánea como acusación y como defensa.
“No caso de Angrois, o Ministerio de Fomento tomou a decisión de que a Avogacía do Estado defendese a Adif e non a Renfe”, sentenció Consuelo Castro Rey al hablar del conflicto de intereses entre organismos estatales, en los que existe un protocolo marcado que rige los pasos a dar por los letrados públicos en cada caso concreto. “Nós acusamos ó maquinista, aínda que é empregado de Renfe, polos danos orixinados na infraestrutura ferroviaria”, aseveró.
La ponente también abordó el proceso de digitalización en el que está inmerso toda la Justicia española, y destacó que no tiene que conducir necesariamente a una reducción en los tiempos, sobre todo en aquellos casos que impliquen una instrucción de máxima complejidad. “Estanse poñendo moitísimos recursos, que proceden de fondos europeos e tamén de recursos propios, para a dixitalización”, aseguró, y agregó que “a pandemia ademáis acelerou o proceso, no que se está a invertir moitísimo”. Sobre los plazos que se viven en el país, aseguró que podrían ser mejores, aunque recordó que “noutros países o ritmo da Xustiza non é máis rápido que no noso”.
El público asistente se interesó también en asuntos como el tamaño de la Abogacía General del Estado. Castro Rey destacó que, en la actualidad, lo componen 334 letrados en activo, que ascienden hasta casi 700 si se tienen en cuenta los que están en excedencia o fuera de la actividad por alguna otra razón. A los abogados hay que sumar una cantidad de funcionarios que pueden doblar la cifra total.
Otra de las preguntas versó sobre la posibilidad de que exista una excesiva judicialización en el país, principalmente en temas laborales, que no suelen encontrar salida por la vía de la mediación y la negociación entre las partes afectadas. “En España estanse impulsando e potenciando moito, nestes momentos, os sistemas alternativos de resolución de controversias, que moitísimas veces teñen moita utilidade”, afirmó, aunque admitió que este proceso puede encontrar más dificultades dentro de la administración pública, donde “son máis limitadas as arbitraxes”, de las que además recordó que, en muchas ocasiones, “duran menos que un proceso xudicial”.
Castro Rey también fue interpelada sobre la mayor implementación de la lengua gallega en la administración de Justicia, una posibilidad que, recordó, no es competencia de la Abogacía General del Estado. “Todo o mundo sabe que son activista do galego”, expresó la protagonista del foro, quien también ejerció como abogada del Estado en A Coruña de 1992 a 1998y como abogada del Estado-Jefe de la Comunidad Autónoma de Galicia entre los años 2007 a 2018.
La ponente también habló con una perspectiva de género, y expresó que todavía no se ha alcanzado una paridad en el número de mujeres y hombres dentro de la Abogacía del Estado, si bien ve cercana esta posibilidad. A pesar de todo, aseguró que se mantiene “unha relación estupenda” entre los integrantes del organismo.
