La oposición abandonó la reunión para redactarlo, al negarse el presidente a apartar de sus cargos a tres diputados.
La situación política y el futuro de los diputados provinciales y concejales imputados en una causa judicial echó abajo el frágil consenso inicial para construir un código ético en la Diputación de Ourense, que ahora el grupo del PP aprobará en solitario, al ausentarse de la reunión que lo redactará socialistas y nacionalistas.
Pero, además, puso de manifiesto que las varas de medir son casi siempre diferentes según la institución en la que se exija la salida de los políticos imputados de los órganos de gobierno de los que forman parte. Eso sí, con dos notables excepciones, la del propio presidente de la Diputación, Manuel Baltar, que defendió la presunción de inocencia en todos los casos, también en el gobierno socialista de la ciudad, y la de la diputada y edil socialista Mónica Vázquez, que demandó la salida de cualquier cargo público imputado de sus funciones de gobierno, si las tiene, incluidos sus propios compañeros de la junta de gobierno municipal de 2008 en el Concello de Ourense, también el ahora alcalde, imputados por las obras de la calle Bedoya.
Por orden. El gobierno de la Diputación citó para estos primeros tres días de abril a los portavoces provinciales, con el objetivo de consensuar el código ético y de transparencia, el que anunció en marzo pasado el presidente Baltar Blanco, y que prohibía expresamente los regalos para políticos y funcionarios. Pero la estrategia -pese a que los socialistas habían votado favorablemente su redacción y el BNG se había abstenido- ya era ayer otra. Media hora antes del inicio de la reunión comparecía el diputado nacionalista Xaime Óscar Iglesias, puso sobre la mesa sus condiciones: que los tres diputados provinciales del PP, y además alcaldes, imputados en diferentes causas, salgan del gobierno de la institución y de las instituciones u organismos en los que representan a la Diputación. En caso contrario, "a nosa formación política deixará o grupo de traballo, porque consideramos que non se trata de facer un código ético de cara á galería". Para Iglesias, el cese de los tres diputados no es sino la prueba del algodón de la voluntad del presidente Baltar de hacer un auténtico código ético. Porque, en realidad, recordó que "o noso sentido da ética xa non precisa que sexa o partido o que tome as decisións de dimisión nunha situación coma esta, senon que son os propios afectados, de motu propio, os que a toman". La renuncia a sus cargos era, pues, una premisa incuestionable. Baltar no accedió a la condición e Iglesias abandonó la reunión al poco de iniciarse.
El portavoz socialista, Ignacio Gómez, compareció un cuarto de hora después del encuentro para anunciar lo mismo. Su grupo no iba a colaborar con el PP en la redacción del código ético -o "estético", según sus palabras- porque, si bien aprobó inicialmente la propuesta, Baltar ya acudió al encuentro con un documento elaborado y, por si fuera poco, volvió a contratar personal saltándose todas las normas de transparencia, en referencia a la asistencia técnica formalizada con un sobrino de la alcaldesa de Ramirás. Fueron, para Gómez, razones más que suficientes para cambiar de estrategia y condicionar su apoyo a que los cargos imputados abandonen sus funciones de gobierno en la institución.
En el Concello, ¿qué?
Claro que en ese punto era inevitable la comparación con el caso del Concello de Ourense, donde están imputados tres ediles en activo, el regidor, Agustín Fernández, y dos concejalas.
Xaime Oscar Iglesias e Ignacio Gómez eludieron referencias claras al caso de la Praza Maior, prefiriendo dejar la opinión en manos de sus grupos municipales. Pero Mónica Vázquez, una de los cinco socialistas díscolos del Concello, lo tuvo claro: "Hay que exigir el máximo rigor a todos"; y ninguno "debería formar parte de ningún órgano representativo en ninguna institución", Diputación y Concello incluidos.
Cerca de las dos de la tarde comparecía el presidente de la institución. Manuel Baltar también fue contundente, aunque con un criterio contrario: la presunción de inocencia debe prevalecer hasta que una sentencia resuelva. Véase el caso del alcalde de Baltar, José Antonio Feijóo, procesado por acoso y finalmente absuelto, aunque por ello tuvo que abandonar el PP, al que ahora parece resistirse a volver. Con ese ejemplo, Baltar cree que un imputado no debe abandonar sus funciones de gobierno hasta que sea juzgado, si lo es; en la Diputación y en el Concello, aunque en la Praza Maior el grupo municipal popular pida cada día la renuncia del alcalde y las concejalas. "Está falando co presidente da Deputación, non co portavoz municipal no Concello", dijo ayer, contradiciendo explícitamente a Rosendo Fernández, también su vicepresidente provincial, que pretende la dimisión del gobierno local.
Baltar cuestionó asimismo la actitud de PSOE y BNG que, dijo, no aportaron propuesta alguna al código ético, en el que introdujo la Fundación que "de motu propio" creó Xosé Lois Foxo para la real Banda de Gaitas, Fundación que posiblemente desaparezca en aras de esa voluntad de transparencia. Y en cuanto a los políticos, "imputado non é condenado", ni el código ético es un "código penal". A su juicio, a la oposición no interesa este asunto porque también la obliga a responsabilidades.
