El Concello retirará de oficio las vallas ilegales que no sean desmontadas por las empresas responsables de las mismas cuando sean requeridas por la entidad municipal. Para ello, el próximo año destinará una partida económica a este fin, aunque después cobrará los costes a los titulares de estas estructuras. Además, el gobierno municipal se plantea extender las responsabilidades económicas a las empresas anunciantes. El año que viene comenzará a redactar una nueva ordenanza de paisaje urbano.
Los presupuestos del Concello del próximo año contarán con una partida específica para retirar de oficio las vallas publicitarias ilegales que no sean desmontadas por las empresas responsables. Así lo anunció ayer la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, durante la explicación de la campaña de ordenación de estas estructuras que está llevando a cabo su departamento desde el pasado mes de junio, y que supondrá la desaparición de más de 200 vallas de la ciudad. El coste asumido por el Concello repercutirá después en las empresas responsables. También, según dijo Soto, vamos a utilizar los mecanismos legales para poder repercutir estos gastos de los incumplimientos en la empresas anunciantes.
El Concello estima que la campaña de ordenación de las cerca de 250 vallas instaladas en el municipio -de las que el 90% son ilegales- estará completamente finalizada a principios del año que viene, acabando así con la situación que se ha venido produciendo en los últimos años y que, según la concejala de Urbanismo, se resumía en el incumplimiento sistemático y un mirar hacia otro lado a lo largo de todos los años anteriores. Una vez finalizado este proceso, el Concello comenzará la redacción de una ordenanza de publicidad, o más bien, una ordenanza del paisaje urbano, puntualizó Áurea Soto. Será bastante más amplia que la que tenemos ahora, de 1997, más moderna, y ya no regirá exclusivamente la colocación de vallas o publicidad sino el tratamiento del espacio público, tanto en la publicidad institucional como en la privada y en muchos otros usos del espacio público.
El espejo en el que pretende mirarse el gobierno municipal es la ordenanza existente en otras ciudades, como Barcelona. No obstante, Soto aseguraba ayer que necesitaremos un tiempo para redactarla. El ejemplo que tenemos en cartera para abordar es el de Barcelona porque es el más interesante, pero el primero paso es cumplir lo que tenemos vigente: la ordenanza municipal de 1997.
Otros soportes
Sin embargo, la publicidad ilegal no se limita a las vallas. La propia concejala de Urbanismo señalaba que cada vez son más los contenedores de obra que sirven también de soportes publicitarios y que, en el 80% de los casos no tienen licencia o están más tiempo en la calle del que tenían permitido. Así, Soto subrayó que la publicidad tiene que ser objeto de licencia y, en cambio, a su juicio cada vez se ha ido acentuando más el desorden urbanístico provocado por la instalación caótica de estos elementos.
La instalación de vallas requiere de un permiso municipal de obra, del que carecen la inmensa mayoría de las estructuras. Buena parte de ellas, además, no podrán ser legalizadas al encontrarse en lugares en donde la ley de carreteras o la normativa municipal no se lo permite. Además, la licencia para publicidad debe renovarse anualmente.
Colaboración de los titulares
Hasta el momento, la mayoría de las empresas responsables de las vallas están colaborando con el Concello y ya han retirado cerca de 40 estructuras. La junta de gobierno local aprobó, por primera vez la semana pasada, la retirada de cuatro vallas ilegales en la avenida de Otero Pedrayo, que, según informes técnicos, amenazaban la seguridad del tráfico de vehículos y peatones en este punto de la ciudad.
Laboriosa ubicación sobre el terreno
La ubicación exacta de las vallas ha sido uno de los aspectos más laboriosos para los técnicos en esta campaña. No en vano, es determinante para establecer la legalidad o no de estas estructuras, dependiendo de si se encuentran en terreno de dominio público -por ejemplo, a unos metros a ambos lados de una carretera-. La ordenanza actual establece la prohibición de la colocación de vallas publicitarias en cruces, rotondas, calles del ámbito del PERI, edificios catalogados y zonas verdes. Asimismo, tampoco podrán instalarse en lugares en los que se comprometa la seguridad del tráfico. La labor de los técnicos permitió también identificar a las empresas propietarias, siete.
El Concello estima que la campaña de ordenación de las cerca de 250 vallas instaladas en el municipio -de las que el 90% son ilegales- estará completamente finalizada a principios del año que viene, acabando así con la situación que se ha venido produciendo en los últimos años y que, según la concejala de Urbanismo, se resumía en el incumplimiento sistemático y un mirar hacia otro lado a lo largo de todos los años anteriores. Una vez finalizado este proceso, el Concello comenzará la redacción de una ordenanza de publicidad, o más bien, una ordenanza del paisaje urbano, puntualizó Áurea Soto. Será bastante más amplia que la que tenemos ahora, de 1997, más moderna, y ya no regirá exclusivamente la colocación de vallas o publicidad sino el tratamiento del espacio público, tanto en la publicidad institucional como en la privada y en muchos otros usos del espacio público.
El espejo en el que pretende mirarse el gobierno municipal es la ordenanza existente en otras ciudades, como Barcelona. No obstante, Soto aseguraba ayer que necesitaremos un tiempo para redactarla. El ejemplo que tenemos en cartera para abordar es el de Barcelona porque es el más interesante, pero el primero paso es cumplir lo que tenemos vigente: la ordenanza municipal de 1997.
Otros soportes
Sin embargo, la publicidad ilegal no se limita a las vallas. La propia concejala de Urbanismo señalaba que cada vez son más los contenedores de obra que sirven también de soportes publicitarios y que, en el 80% de los casos no tienen licencia o están más tiempo en la calle del que tenían permitido. Así, Soto subrayó que la publicidad tiene que ser objeto de licencia y, en cambio, a su juicio cada vez se ha ido acentuando más el desorden urbanístico provocado por la instalación caótica de estos elementos.
La instalación de vallas requiere de un permiso municipal de obra, del que carecen la inmensa mayoría de las estructuras. Buena parte de ellas, además, no podrán ser legalizadas al encontrarse en lugares en donde la ley de carreteras o la normativa municipal no se lo permite. Además, la licencia para publicidad debe renovarse anualmente.
Colaboración de los titulares
Hasta el momento, la mayoría de las empresas responsables de las vallas están colaborando con el Concello y ya han retirado cerca de 40 estructuras. La junta de gobierno local aprobó, por primera vez la semana pasada, la retirada de cuatro vallas ilegales en la avenida de Otero Pedrayo, que, según informes técnicos, amenazaban la seguridad del tráfico de vehículos y peatones en este punto de la ciudad.
Laboriosa ubicación sobre el terreno
La ubicación exacta de las vallas ha sido uno de los aspectos más laboriosos para los técnicos en esta campaña. No en vano, es determinante para establecer la legalidad o no de estas estructuras, dependiendo de si se encuentran en terreno de dominio público -por ejemplo, a unos metros a ambos lados de una carretera-. La ordenanza actual establece la prohibición de la colocación de vallas publicitarias en cruces, rotondas, calles del ámbito del PERI, edificios catalogados y zonas verdes. Asimismo, tampoco podrán instalarse en lugares en los que se comprometa la seguridad del tráfico. La labor de los técnicos permitió también identificar a las empresas propietarias, siete.
