El Concello de Ourense aprobará hoy la indemnización de 358.000 euros a la particular que denunció la ilegalidad de la Praza de San Antonio. Con este acuerdo y con la inejecutabilidad de la orden de derribo, el conflicto queda cerrado.
El conflicto de la Praza de San Antonio de la ciudad quedará cerrado de forma definitiva y oficial esta mañana, con la aprobación por parte de la junta de gobierno local del pago de una indemnización a la denunciante -por la ocupación de parte de su patio de luces- por 358.000 euros. Se cierra así un frente muy complejo, como aseguraba la edil de Urbanismo, Aurea Soto, después de que el Tribunal Superior de Xustiza reconociera la inejecutabilidad del derribo de los edificios y el parking de la plaza al conocer la propuesta del Concello, que dio licencia a los inmuebles y acordó indemnizar a la denunciante, cerrando así el procedimiento judicial.
La trascendencia de este acuerdo estriba en que evita el derribo de los edificios en los que viven 60 familias, con los correspondientes gastos e indemnizaciones que acarrearía y que el Concello estimó en su día en 40 millones de euros. Este conflicto urbanístico se remonta a hace una década e incluía una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza que obligaba a demoler los inmuebles y el aparcamiento, así como una resolución posterior que desestimaba la petición de inejecutabilidad de la sentencia realizada por el anterior grupo de gobierno al no haber concedido nuevas licencias de obra, ocupación o apertura que permitiesen legalizar la zona, lo que sí hizo el actual grupo de gobierno.
La trascendencia de este acuerdo estriba en que evita el derribo de los edificios en los que viven 60 familias, con los correspondientes gastos e indemnizaciones que acarrearía y que el Concello estimó en su día en 40 millones de euros. Este conflicto urbanístico se remonta a hace una década e incluía una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza que obligaba a demoler los inmuebles y el aparcamiento, así como una resolución posterior que desestimaba la petición de inejecutabilidad de la sentencia realizada por el anterior grupo de gobierno al no haber concedido nuevas licencias de obra, ocupación o apertura que permitiesen legalizar la zona, lo que sí hizo el actual grupo de gobierno.
