Dos años después de la anulación definitiva del Plan Xeral de 2003 por parte del Tribunal Supremo, las consecuencias todavía se dirimen ahora. Desde ese momento, el Concello de Ourense recibió hasta 41 reclamaciones de responsabilidad patrimonial por los perjuicios que propietarios de terrenos de la ciudad aseguran que les supuso el cambio de calificación del suelo. Todas juntas suman 109.991.980 euros.
En un primer balance, el Concello ha desestimado definitivamente seis de estas solicitudes de indemnización, ha archivado tres y está pendiente de que el Consello Consultivo resuelva sobre varias más, aunque la propuesta municipal es también desestimarlas. Queda ahora para estos propietarios la vía judicial y, de hecho, en más de un caso ya se han trasladado al Juzgado de lo contencioso administrativo estas reclamaciones.
LOS DICTÁMENES
La primera de las indemnizaciones que el Concello negó fue la reclamada por 'Inversiones Mirage S.L.' en Barrocás, que ascendía a 19,8 millones de euros, a la que siguió la presentada por un particular que reclamaba 300.000 euros por el cambio de calificación urbana en una parcela de su propiedad. Además, en la junta de gobierno del pasado jueves desestimó otras dos, derivadas de proyectos urbanísticos en Oira. En una de ellas, la junta de compensación del llamado Castro de Oira, promovido por Mahía aunque no hubiera obtenido edificabilidad porque es área afectada por el AVE, que contemplaba un millar de viviendas, reclamaba 9.591 euros, mientras que en la otra, propietarios en este mismo ámbito solicitaban 86.140 euros. En esta misma área de reparto se ha informado negativamente de otra petición, que asciende a 40 millones de euros, aunque todavía no ha sido desestimada definitivamente por la junta municipal de gobierno.
También fueron desestimadas las indemnizaciones de 4.696 euros que solicitaba un particular en la calle Saínza y otros 20.724 euros solicitados por una promotora en relación a un terreno en Vistahermosa.
Al margen de estas dos desestimaciones, el Concello decidió archivar dos reclamaciones en las que un particular reclamaba 2,5 millones y 150.000 euros, respectivamente, basándose en que la persona que pedía estas indemnizaciones no estaba debidamente acreditada su representación de las empresas reclamantes. Por esta misma causa, fue archivada otra solicitud por importe de 156.142 euros.
Hasta el momento, el Concello de Ourense sólo ha aceptado una solicitud de indemnización, que ascendía a 625.372 euros. En aquel caso, la promotora reclamante había realizado un convenio con el Concello y, con la anulación del Plan Xeral, perdía derechos urbanísticos en un terreno ubicado en las inmediaciones del Puente Nuevo, en A Ponte, derechos que le fueron así compensados.
LOS DICTÁMENES
La primera de las indemnizaciones que el Concello negó fue la reclamada por 'Inversiones Mirage S.L.' en Barrocás, que ascendía a 19,8 millones de euros, a la que siguió la presentada por un particular que reclamaba 300.000 euros por el cambio de calificación urbana en una parcela de su propiedad. Además, en la junta de gobierno del pasado jueves desestimó otras dos, derivadas de proyectos urbanísticos en Oira. En una de ellas, la junta de compensación del llamado Castro de Oira, promovido por Mahía aunque no hubiera obtenido edificabilidad porque es área afectada por el AVE, que contemplaba un millar de viviendas, reclamaba 9.591 euros, mientras que en la otra, propietarios en este mismo ámbito solicitaban 86.140 euros. En esta misma área de reparto se ha informado negativamente de otra petición, que asciende a 40 millones de euros, aunque todavía no ha sido desestimada definitivamente por la junta municipal de gobierno.
También fueron desestimadas las indemnizaciones de 4.696 euros que solicitaba un particular en la calle Saínza y otros 20.724 euros solicitados por una promotora en relación a un terreno en Vistahermosa.
Al margen de estas dos desestimaciones, el Concello decidió archivar dos reclamaciones en las que un particular reclamaba 2,5 millones y 150.000 euros, respectivamente, basándose en que la persona que pedía estas indemnizaciones no estaba debidamente acreditada su representación de las empresas reclamantes. Por esta misma causa, fue archivada otra solicitud por importe de 156.142 euros.
Hasta el momento, el Concello de Ourense sólo ha aceptado una solicitud de indemnización, que ascendía a 625.372 euros. En aquel caso, la promotora reclamante había realizado un convenio con el Concello y, con la anulación del Plan Xeral, perdía derechos urbanísticos en un terreno ubicado en las inmediaciones del Puente Nuevo, en A Ponte, derechos que le fueron así compensados.
