Los constructores piden una solución provisional

Mientras los políticos marcan sus posturas con respecto a la nulidad del Plan Xeral de 2003, los sectores vinculados con la construcción miran con preocupación la decisión del Tribunal Supremo. 'No solo es una mala noticia para el sector, sino para la ciudad entera, puesto que si no se soluciona, quedará paralizada', explicaba ayer el presidente de la asociación de empresarios de la construcción, Eligio Nieto.
Según avanzó, tanto los constructores como los colegios profesionales vinculados a este sector prevén reunirse la próxima semana para abordar la nueva situación urbanística de la ciudad. No obstante, Nieto tiene claro que la solución pasa por 'unas normas provisionales que permitan continuar todo aquello que estaba en fase de tramitación, dado que, aunque no son como un Plan General, sí permiten trabajar'. Nieto considera que 'no podemos quedarnos con los brazos cruzados', dado que el Plan de 1986 'está obsoleto, porque no se adapta a la normativa ni a la Ley del Suelo. Prácticamente no se puede hacer nada con él', motivo por el que, además, pretende solicitar un encuentro para abordar esta cuestión con el Concello y, si es posible, con la Xunta.

También está interesada en mantener una reunión con el gobierno municipal la asociación de propietarios de fincas urbanas. El presidente, Pedro Seara, recordó que la valoración catastral de los inmuebles se realiza según la revisión de 2005, que a su vez se basa en la normativa del Plan Xeral anulado y se preguntó qué pasaría a partir de ahora y si los ciudadanos tendrán que pagar de acuerdo con los valores del planeamiento de 1986.

La complicada situación urbanística de la ciudad generó diversas reacciones, como la del secretario xeral del PSdeG, Manuel Vázquez, que explicó en Ourense que 'hoxe (por ayer) Feijóo perdeu a oportunidade de pedirlle perdón a esta cidade, porque o conselleiro que aprobou o PXOM que hoxe tumbou o Supremo foi Alberto Núñez'. Por su parte, el BNG ya había lamentado el jueves 'o terrible dano causado ó Concello e á cidadanía por un Plan Xeral que, ademais de protexer determinados intereses privados por riba do público'.

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