La Asociación gallega de defensa de la sanidad pública denunció ayer el plan presentado por la Xunta para licitar, antes de fin de año, 19 centros de salud, porque supone un intento de 'maquillar la privatización' de esos servicios.
La conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, reiteró el viernes en Ourense que la Xunta pretende licitar 19 nuevos centros de salud por valor de 60 millones de euros. Cuatro de ellos (O Vinteún, Ribadavia, Pontedeva y Barbadás) están en Ourense. La citada asociación indicó en un comunicado que esa medida supone un 'subterfugio' para privatizar el sistema de salud pública. Asimismo, dijo que la conselleira 'miente cuando afirma que esta fórmula no incrementará la deuda pública, porque no aparecerá reflejada en el capítulo de inversiones, ya que se pagará con cargo al de gasto corriente'.
En ese sentido, considera que tal fórmula 'oculta el hecho de que recurrir a la financiación privada propiciará que el endeudamiento sanitario de Galicia se multiplique por seis' y 'facilite las ganancias millonarias a los consorcios sanitarios afines al PP que se están apoderando de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas'.
Según la asociación, la licitación supone que las empresas concesionarias asumirán el coste de las obras, la conservación de las instalaciones y la reposición de los equipamientos durante veinte años. Advierte del riesgo de que 'para obtener las máximas ganancias' las empresas privadas adjudicatarias puedan llevar a cabo medidas de 'ahorro' en capítulos como 'limpieza, seguridad, mantenimiento, gestión energética o de residuos y labores de desinfección, desinsectación y desratización' comprometiendo 'la seguridad y la salud de los usuarios de los centros sanitarios' públicos.
En ese sentido, considera que tal fórmula 'oculta el hecho de que recurrir a la financiación privada propiciará que el endeudamiento sanitario de Galicia se multiplique por seis' y 'facilite las ganancias millonarias a los consorcios sanitarios afines al PP que se están apoderando de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas'.
Según la asociación, la licitación supone que las empresas concesionarias asumirán el coste de las obras, la conservación de las instalaciones y la reposición de los equipamientos durante veinte años. Advierte del riesgo de que 'para obtener las máximas ganancias' las empresas privadas adjudicatarias puedan llevar a cabo medidas de 'ahorro' en capítulos como 'limpieza, seguridad, mantenimiento, gestión energética o de residuos y labores de desinfección, desinsectación y desratización' comprometiendo 'la seguridad y la salud de los usuarios de los centros sanitarios' públicos.
