Las defensas de los imputados no sólo reclaman la absolución sino también una crítica a la instrucción
"El sainete ha terminado, es hora de que comience a hacerse justicia". Estas palabras del abogado Carlos Hernández, acusado junto a la exedil de Urbanismo Áurea Soto (PSOE) de prevaricación administrativa por la legalización de la urbanización en torno a la plaza de San Antonio en 2007, pusieron fin al juicio de dos días que se siguió en el Juzgado de lo Penal 2. Los acusados hicieron uso del derecho a la última palabra (una intervención escrita, versos de Quevedo y un párrafo del Quijote) para arremeter duramente contra la labor del juez de instrucción que los sentó en el banquillo, Leonardo Álvarez, y la fiscalía.
Previamente, ya lo había hecho sus abogados defensores, quienes no sólo pretenden una sentencia absolutoria sino, en palabras de la letrada de Soto, "una crítica a una instrucción que requería un archivo desde el momento en que la concejala declara como imputada". El abogado de Hernández incluso advirtió: "Perseguiremos a quienes hayan actuado de forma irregular e injusta contra mi patrocinado".
La exedil inculpada, haciendo suya la argumentación previa de su letrada, considera que se la sometió a un juicio político que nunca debió dirimirse en la esfera penal porque "dos autos del TSXG dijeron no a la ilegalidad de las licencias" y recordó que la propuesta de indemnización (358.528 euros) a una vecina de la calle Bedoya por la pérdida de luces con la urbanización de San Antonio "la hace y la firma la viceasesora jurídica municipal".
En su extenso alegato final, incluso llegó a acusar al instructor de "falsificar con total impunidad el auto de 15 de enero de 2009 del TSXG, eliminando el párrafo verdadero y entrecomillando uno que no existe". El fin -añadió- porque "el párrafo verdadero, al rechazar la sala y no apreciar causa alguna de nulidad, infracción patente, procedimental o de fondo de la normativa aplicable, le impide que se plantee ningún tipo de discusión sobre la concesión de las licencias ante la jurisdicción penal".
Pero también dirigió un dardo envenenado al fiscal por "ocultar lo autos del TSXG, los informes y todo lo que contradice con rotundidad su pretensión".
La exedil se presentó como una víctima "del querellante -la hija del promotor inmobiliario Bautista Rodríguez- y su entorno", quienes, según su opinión, "dirigieron el urbanismo de la ciudad durante 12 años". Periodo en el que, a su entender, "se regaló el 10% de los aprovechamientos urbanísticos; se anuló el PXOM de 2003, en el que hubo cambio de planos en el trámite de información pública; se dejó sin agua As Burgas por una recalificación descomunal...".
Y se mostró dura con la institución judicial en la ciudad por permitir, según ella, que cualquier resolución administrativa del gobierno socialista fuera objeto de denuncia: "Aceptadas por los juzgados de Ourense en una sumisión impropia de una institución que debe tener por guía la independencia y la defensa de los derechos de los ciudadanos".
En la última sesión del juicio, la jueza fue testigo, de hecho reparó en ello, de la disparidad de criterios entre los peritos (arquitectos) que examinaron el expediente de la plaza de San Antonio a la hora de pronunciarse si el subsuelo en el que hay un parking privad es público o privado, el talón de Aquiles en el que se sustenta el asunto penal.
Acusaciones
Las acusaciones tienen claro que el subsuelo era público. En sus conclusiones, la fiscal, que pide 10 años de inhabilitación para los encausados, expuso que la exconcejala "infringió a sabiendas la normativa urbanística" para solucionar la situación de ilegalidad de la plaza de San Antonio, legalizando la explotación de un parking privado en subsuelo público, para lo cual se valió de una "actitud prevaricadora", ignorando la opinión de los jurídicos del Concello. Para ello, invocó una sentencia del TSXG de 2004 que determinó que el subsuelo donde se construyó el aparcamiento "era público". Según dijo la fiscal, el abogado Carlos Hernández le facilitó un informe a la carta para legalizar las obras.
El abogado que ejerce la acusación popular, Antonio Feijóo Miranda, remarcó que no es discutible que Soto "ha pasado olímpicamente de los pronunciamientos judiciales". Para ello, también trajo a escena el fallo de 2004 que establecía que el subsuelo donde se construyó el aparcamiento era "público" y, por tanto, sólo podría ser gestionado directamente por el Concello o a través de una concesión.
