De costar cientos de miles de euros a poco menos de mil. Esa es la situación en la que han quedado muchos solares de la ciudad tras la anulación definitiva del Plan Xeral de 2003, con el cambio de la calificación del suelo (de urbano a rústico) que acarrea. Por ello, la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas ha presentado un escrito en el Concello con el que, entre otras cosas, pretende que la institución municipal reconozca los perjuicios que ha ocasionado este cambio de calificación urbanística a, hasta el momento, los dueños de 23 fincas.
El presidente del colectivo, Pedro Seara, explica que 'no sabemos todavía el alcance total de esta situación. Este aún es el comienzo y desconocemos a dónde puede llegar'. Sin perjuicio de ir añadiendo más afectados ni de concretar en un futuro el valor real de las pérdidas ocasionadas, el escrito presentado realiza una primera cuantificación provisional de los daños, que en conjunto ascienden a 1.409.049 euros. No obstante, las previsiones de la propia asociación apuntan a que esta cantidad se incrementará notablemente a medida que se vayan incorporando más propietarios, algunos de los cuales tenían terrenos con una importante edificabilidad.
Entre los afectados se encuentran también pequeños propietarios y particulares que han visto devaluadas sus fincas debido a la ilegalidad del PXOM del exalcalde Manuel Cabezas. Así, en el escrito se incluyen ejemplos de terrenos con un valor catastral de más de 228.000 euros, que en la actualidad se ha reducido a poco más de 900. Se dan casos también de propietarios que han comprado un solar para construir una casa -con precio, por tanto de calificación urbana- y ahora no puede llevar adelante el proyecto.
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
Con el escrito, los propietarios de fincas urbanas instan también al Concello a que certifique la actual calificación urbanística de las fincas que incluyen en su reclamación, ubicadas en Santa Mariña, Montealegre, Porteliña, Cudeiro y Madrosende, entre otros puntos del municipio. Y es que hasta el momento sólo han recibido la notificación del Catastro advirtiéndoles del cambio de la calificación que, por tanto, se ve reflejado en el impuesto de bienes inmuebles (IBI). La reducción de la cantidad a pagar por este concepto -que disminuirá notablemente los ingresos del Concello- hace que los propietarios reclamen también al Concello la cuantificación de los impuestos (IBI) abonados por esas 23 personas y les reconozca el derecho a su devolución.
El escrito también solicita al Concello que señale cuál va a ser la calificación urbanística de estas fincas en el futuro planeamiento. La asociación ya presentó en su día un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza por la inclusión de ámbitos privados en la ordenación urbanística provisional, reclamando la suspensión cautelar de la misma en esos ámbitos. La demanda ha sido admitida y se encuentra en fase de formalización.
Entre los afectados se encuentran también pequeños propietarios y particulares que han visto devaluadas sus fincas debido a la ilegalidad del PXOM del exalcalde Manuel Cabezas. Así, en el escrito se incluyen ejemplos de terrenos con un valor catastral de más de 228.000 euros, que en la actualidad se ha reducido a poco más de 900. Se dan casos también de propietarios que han comprado un solar para construir una casa -con precio, por tanto de calificación urbana- y ahora no puede llevar adelante el proyecto.
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
Con el escrito, los propietarios de fincas urbanas instan también al Concello a que certifique la actual calificación urbanística de las fincas que incluyen en su reclamación, ubicadas en Santa Mariña, Montealegre, Porteliña, Cudeiro y Madrosende, entre otros puntos del municipio. Y es que hasta el momento sólo han recibido la notificación del Catastro advirtiéndoles del cambio de la calificación que, por tanto, se ve reflejado en el impuesto de bienes inmuebles (IBI). La reducción de la cantidad a pagar por este concepto -que disminuirá notablemente los ingresos del Concello- hace que los propietarios reclamen también al Concello la cuantificación de los impuestos (IBI) abonados por esas 23 personas y les reconozca el derecho a su devolución.
El escrito también solicita al Concello que señale cuál va a ser la calificación urbanística de estas fincas en el futuro planeamiento. La asociación ya presentó en su día un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza por la inclusión de ámbitos privados en la ordenación urbanística provisional, reclamando la suspensión cautelar de la misma en esos ámbitos. La demanda ha sido admitida y se encuentra en fase de formalización.
