Al juez decano no le convence el modelo: "Es una forma de que la Administración controle a la Justicia"
La oficina judicial que se va a implantar en Ourense a comienzos de 2018 como experiencia pionera en Galicia arranca con bendiciones y suspicacias. El nuevo modelo organizativo, en el que se unifican servicios entre juzgados, fue presentado ayer por el director xeral de Xustiza, Juan José Martín; la delegada de la Xunta en Ourense, Marisol Díaz, y el jefe territorial, Manuel Pardo, en una comparecencia sin representantes de la judicatura, con quienes se reunieron posteriormente.
El modelo será diseñado por una consultora que en el plazo de dos meses deberá presentar las distintas alternativas (a qué juzgados englobará) y su coste. Esta empresa, según explicó Martín, hará un diagnóstico de la situación actual poniendo el foco en el volumen de actividad de los juzgados, distribución de cargas de trabajo, recursos humanos, dotación de infraestructuras y equipamientos. Serán necesarias obras de adaptación para obtener espacios de trabajo más amplios en el edificio de O Couto. Tras ese estudio, comenzará la fase de negociación con los sindicatos con respecto a la relación de puestos de trabajo porque habrá recolocaciones. Según el director xeral, estas podrán ser "voluntarias o forzosas".
La oficina se configura en torno a dos tipos de unidades. Una de apoyo a los jueces y magistrados: oficinas dotadas con personal preciso para auxiliar al juez (dos funcionarios). Y, por otra parte, estarán los servicios comunes procesales, a cargo de un letrado de la Administración de Justicia, y que se encargará de las tareas repetitivas relacionadas con las fases por las que atraviesa el expediente judicial desde que llega a un juzgado (presentación de documentos, tramitación y ejecución de resoluciones).
El nuevo modelo conlleva, según valoró el presidente de la Audiencia, Antonio Piña, una especialización en el trabajo. "Desaparecerán los juzgados tal como están hoy en día, en que cada uno asume todas las fases del procedimiento, y habrá unidades grandes de gestión: una que lleve la tramitación, el señalamiento, la ejecución en distintas secciones -civil, penal-", explicó. Piña es partidario de un modelo que a priori plantea "eficacia en la gestión de cara al ciudadano", pero antepone la necesidad de consenso entre los distintos operadores jurídicos.
El juez decano, Leonardo Álvarez, no es tan optimista con la propuesta que ya funciona en otras ciudades como León, Burgos, Cuenca, Cáceres, Córdoba o País Vasco. Ni le convence la propuesta ni la manera en la que fue anunciada. "Es un proyecto que debe ser de todos, consensuado, y hoy solo fue presentado por representantes de la Xunta; ni siquiera se nos pide nuestra opinión", aseveró.
En cuanto al modelo en sí, no lo considera necesario. "Es una forma de que la Administración controle a la Justicia, porque va a tener tres servicios para regular todo el procedimento al frente de tres letrados de libre designación", aseguró.
