El que fue director del centro de formación de la Federación provincial de hostelería de Ourense, Constantino Iglesias, explicñó ayer que, pese a la reapertura de estas instalaciones, cuatro trabajadores despedidos hace un mes, cuando parecía que estas aulas situadas en la calle Marcelo Macías cerrarían sus puertas por falta de fondos y de cursos, no se han reincorporado a la espera de 'que sea un juez quien determine las condiciones en las que debemos hacerlo'.
A finales de noviembre se anunciaba el cierre de este centro formativo y el despido de cuatro empleados. Sólo un mes después, la Federación de hostelería decidió proceder a su reapertura ante la llegada de nuevos cursos. En el momento del cierre 'nos comunicaron el despido un día a las 11 de la mañana, sin margen para reaccionar', explica Constantino Iglesias.
Tras los despidos y la reclamación del director y los trabajadores se produjo un acto de conciliación previo a la vía judicial, que, según Iglesias, no prosperó porque 'no quedaban claras las condiciones de nuestro regreso por lo que no aceptamos reincorporarnos y esperaremos el dictamen de un juez'. Apunta también hacia ciertas discrepancias en las contrataciones, anteriores ya al cierre.
Iglesias incluso afirma que, al menos cinco miembros de la junta directiva de la Federación provincial de hostelería, no tuvieron constancia de ninguna reunión en la que se decidiese tanto el cierre del centro como su reapertura. Fernández Ojea, como presidente de la agrupación niega rotundamente esta afirmación: 'A Xunta foi convocada con toda normalidade e con todos os requisitos, o membro que non puido asistir xustificou a súa ausencia', pero niega que hubiese ningún tipo de anomalía, como insinúa Iglesias, que responsabiliza directa y exclusivamente al presidente y al secretario de la federación de la decisión tomada sobre el centro.
El presidente de la federación sigue justificando los despidos y la readmisión días después, alegando que en ese momento 'cumprimos coas nosas responsabilidades'Fernández Ojea reitera que todo el proceso, tanto el cierre como la reapertura se realizó con diligencia y que llegado el momento 'a xustiza está aberta para todo o mundo, e, se é o que queren, terá que ser ela quen determine'. En esto coincide Constantino Iglesias, que espera a que sea un tribunal quien establezca las condiciones 'ajustadas a la legalidad' para las readmisiones.
Tras los despidos y la reclamación del director y los trabajadores se produjo un acto de conciliación previo a la vía judicial, que, según Iglesias, no prosperó porque 'no quedaban claras las condiciones de nuestro regreso por lo que no aceptamos reincorporarnos y esperaremos el dictamen de un juez'. Apunta también hacia ciertas discrepancias en las contrataciones, anteriores ya al cierre.
Iglesias incluso afirma que, al menos cinco miembros de la junta directiva de la Federación provincial de hostelería, no tuvieron constancia de ninguna reunión en la que se decidiese tanto el cierre del centro como su reapertura. Fernández Ojea, como presidente de la agrupación niega rotundamente esta afirmación: 'A Xunta foi convocada con toda normalidade e con todos os requisitos, o membro que non puido asistir xustificou a súa ausencia', pero niega que hubiese ningún tipo de anomalía, como insinúa Iglesias, que responsabiliza directa y exclusivamente al presidente y al secretario de la federación de la decisión tomada sobre el centro.
El presidente de la federación sigue justificando los despidos y la readmisión días después, alegando que en ese momento 'cumprimos coas nosas responsabilidades'Fernández Ojea reitera que todo el proceso, tanto el cierre como la reapertura se realizó con diligencia y que llegado el momento 'a xustiza está aberta para todo o mundo, e, se é o que queren, terá que ser ela quen determine'. En esto coincide Constantino Iglesias, que espera a que sea un tribunal quien establezca las condiciones 'ajustadas a la legalidad' para las readmisiones.
