TRIBUNALES

Facenda solo buscó "aforro" y niega “coacción inmobiliaria" en Ourense

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photo_camera El edificio de la polémica, en el número 1 de la avenida de La Habana.

El conselleiro defiende a los dos cargos acusados de querer desalojar a la fuerza a dos vecinos

La polémica generada en torno a la acusación de la Fiscalía a dos cargos de Facenda de la Xunta por supuestas "coacciones inmobiliarias" para desalojar a la fuerza a dos inquilinos del número 1 de la avenida de La Habana obligó ayer a intervenir al conselleiro del ramo, Valeriano Martínez, que defendió a los dos querellados. "Pode haber erros, pero o que sempre se antepón é o interese xeral", aseguró, en presencia de la secretaria xeral técnica de su departamento, una de las implicadas. 

Martínez afirmó tener un "coñecemento moi profundo" de los dos involucrados y defendió su trabajo en pro del "interese xeral". Así, dijo que los dos afectados –uno de ellos una mujer de 92 años y que se ve obligada a residir en un hotel por la falta de funcionamiento del ascensor– "foron contactadas persoalmente" y se les ofreció un "aluguer equivalente" o la indemnización correspondiente.

El titular de Facenda alegó que el objetivo era el "ben superior" y el "ben xeral", para tratar de "aforrar" gasto en alquileres a la administración en la provincia de Ourense. Por ello, mostró su  "máxima defensa" ante los dos funcionarios, "porque o seu proceder tanto persoal como, sobre todo, profesional está en defensa dos intereses da comunidade autónoma".

El conselleiro aseguró que colaborarán con la Justicia y volvió a insistir en que "nunca nos moven actuacións de carácter persoal".


EL PSOE LO LLEVA AL PARLAMENTO


El PSOE anunció ayer que lo llevará al Parlamento para exigir a la Xunta que "asuma responsabilidades".  La parlamentaria socialista Noela Blanco alerta de la "gravidade" de la denuncia y conmina al gobierno gallego a que "dea conta" de las responsabilidade que se tomarán. 

El caso se refiere a la querella de la Fiscalía contra dos cargos de la Xunta por "extralimitarse" a la hora de "forzar y doblegar" a dos inquilinos para que abandonasen el edificio, de titularidad autonómica, que fue adquirido a la extinta Cámara de Propiedad Urbana. 

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