El Juzgado de lo Penal 1 debía juzgar ayer a José Luis R.P. e Isabel G.I., a quienes el ministerio público acusa de cometer un delito contra la ordenación del territorio, pero no lo hizo, debido a la falta de asistencia de distintos testigos clave al juicio, por lo que la vista oral quedó aplazada para abril de 2013.
Los hechos que le atribuye la acusación pública a ambos, que solicita para cada uno una pena de un año de cárcel y una multa de 3.240 euros, ocurrieron durante el año 2005. Según el fiscal, promovieron la construcción de una vivienda unifamiliar en la localidad de Ponte Nova (Melón), 'a sabiendas de que carecían de la preceptiva licencia municipal y de la Xunta', y, además, de que la edificación de la misma se llevaba a cabo 'en un terreno clasificado como suelo rústico de protección agrícola y de aguas'.
La vivienda, erigida en un terreno de 3.102 metros cuadrados ubicado a 29 metros del cauce de un río, consta de planta baja y alta, ocupando 99 metros cuadrados de superficie construida, y, tal y como precisa el fiscal, 'no es legalizable, ni susceptible de legalización' de forma alguna.
Además, los encausados habrían erigido también un muro de contención de piedra al lado del citado cauce fluvial, con una altura de cinco metros.
Por todo ello, el fiscal solicita, además, que los acusados procedan a la demolición de 'lo ilícitamente construido' y que 'repongan la finca a su estado inicial'.
La vivienda, erigida en un terreno de 3.102 metros cuadrados ubicado a 29 metros del cauce de un río, consta de planta baja y alta, ocupando 99 metros cuadrados de superficie construida, y, tal y como precisa el fiscal, 'no es legalizable, ni susceptible de legalización' de forma alguna.
Además, los encausados habrían erigido también un muro de contención de piedra al lado del citado cauce fluvial, con una altura de cinco metros.
Por todo ello, el fiscal solicita, además, que los acusados procedan a la demolición de 'lo ilícitamente construido' y que 'repongan la finca a su estado inicial'.
