Folletos publicitarios empapelan la ciudad aunque una ordenanza municipal lo prohíbe

LR- La ordenanza municipal es clara en Ourense, prohíbe fijar carteles directamente sobre edificios, muros, pedestales de esculturas o elementos similares pero particulares, asociaciones, empresas e incluso instituciones públicas hacen caso omiso y colocan anuncios indiscriminadamente, incumpliendo la ley sin que el Concello les sancione. A pesar de que las infracciones son realmente cotidianas y conllevan multa, en el consistorio no constan sanciones por esta actividad ni orden de retirar los carteles ilegales.

¿Sueña con una ciudad limpia y sin ‘polución visual’? ¿Le gustaría ver transformado su paisaje urbano y que al pasear no le importunasen a la vista los numerosos anuncios publicitarios colocados indiscriminadamente sobre fachadas de edificios, farolas, mobiliario urbano y hasta obras de arte? Se habla del feismo arquitectónico refiriéndose a verdaderas atrocidades cometidas en nombre del urbanismo, ¿pero qué sucede con el horror visual que provoca una inmensa avalancha publicitaria colocada indiscriminadamente en las calles de la ciudad de Ourense?

La solución podría encontrarse en el cumplimiento estricto de una ordenanza municipal aprobada el 9 de mayo de 1997 y una vigilancia y penalización estrictas sobre aquellos que la incumplen tratando de eludir el pago de las tasas que sí exigen los cauces legales para publicitar una información.

La ley es concisa y clara: ‘Prohíbese fixar carteis ou realizar inscricións directamente sobre edificios, muros, pedestais de esculturas ou outros elementos similares, sendo necesaria, en todo caso, a utilización de soportes externos axustados as características que se sinalan na ordenanza’. Añade que ‘en tódalas zonas quedan prohibidos os carteis anunciadores na cuberta das edificacións’. La realidad, sin embargo, es otra: los carteles publicitarios proliferan anárquicamente por los rincones más insospechados de la ciudad.

Esta actividad se considera infracción urbanística y acarrea el pago de una multa que va de 750 a 3.000 euros, según se considere leve, grave o muy grave. Las arcas municipales no ingresaron dinero por estas multas, según fuentes municipales, porque simplemente no las impone.

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