La decisión de la Audiencia de no sentar al hasta ahora imputado en el banquillo por el llamado crimen de Taboadela, el que le costó la vida en abril de 2009 al matrimonio formado por José Martínez y María Teresa Campos, de 65 y 63 años, respectivamente, aboca el caso al cajón de los archivos provisionales, aquel en el que se van acumulando los casos sin resolver hasta que un buen día prescriben (a los 20 años los homicidios). O lo que es lo mismo, la responsabilidad penal del autor se extingue para siempre.
La sala entiende que 'no hay indicios racionales de criminalidad' y que las 'meras sospechas' contra el hijo de las víctimas, José Miguel Martínez Campos, no bastan para sostener una acusación formal, pese al criterio del fiscal del caso, Julián Pardinas, para quien los indicios que obran en su contra sí resultan suficientes para procesarle.
En ese cajón, existen en Ourense ocho crímenes sin resolver que aún no han agotado los plazos de prescripción. Todos ellos, a los que se acaba de sumar el 'caso Taboadela', están archivados de forma provisional hasta que aparezcan nuevas pruebas. Desde un punto de vista práctico, el sobreseimiento implica que 'las investigaciones policiales y judiciales están paradas, pero podrían reabrir en cualquier momento', explica el juez decano de Ourense, Antonio Piña.
El archivo provisional 'no supone que el caso deje de ser investigado por la Policía o la Guardia Civil, sólo que, por el momento, no hay nada nuevo', explica el fiscal Pardinas. Por eso, hay asuntos que se reabren años después de que se les diera carpetazo. Así sucedió con un caso calificado por este mismo fiscal, el que llevó a la condena de Manuel Mouriño Faria por la muerte de la joven de 21 años Montserrat Martínez en la Semana Santa de 2001. El inculpado fue detenido y procesado nueve años después de su fechoría. Siempre había sido el principal sospechoso aunque no había pruebas que lo incriminaran. Un caso por malos tratos en Ibiza en 2010 con su entonces pareja encendió las alarmas de los investigadores, quienes volvieron a seguirle la pista y consiguieron arrancarle una confesión autoinculpatoria con matices -la había matado por accidente-, prueba de cargo suficiente para sentarlo en el banquillo. En diciembre de 2011 fue condenado por la Audiencia, a tenor de un veredicto de culpabilidad de un jurado popular, a 11 años de prisión por homicidio.
Pero no sólo las confesiones tardías reactivan una investigación archivada de forma temporal. El avance de la medicina forense, sobre todo en temas de ADN, que hoy en día ya se puede detectar en sitios inverosímiles, o el cotejo de huellas, abren el abanico a la hora de reactivar unas diligencias penales, tal como destaca Julio Jiménez, responsable de la Subdelegación ourensana del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). Recalca que en medicina 'no se puede ser categórico al 100%', de ahí que en la resolución de un caso, esto es, corroborar la autoría de un delito, haya que reunir 'pruebas variadas y categóricas para que el juez tenga el convencimiento absoluto de que las cosas sucedieron de esa forma y no de otra'.
La falta de ese tipo de pruebas ha llevado a los togados a aparcar casos como el de Taboadela y también otros. Uno de ellos el homicidio que le costó la vida a la octogenaria Remedios Justo Salgado el 15 de noviembre de 1999 tras ser brutalmente violada y estrangulada. La Policía cercó a un sospechoso, a través de una huella dactilar que, a juicio del fiscal, los puntos de identificación no resultaban suficientes para procesarlo.
Algo similar ocurrió con Marina Boo Outomuro, cuyo cuerpo apareció calcinado tras la antigua cárcel de Progreso el 17 de mayo de 2004. La Policía Judicial de la Comisaría señaló con el dedo a un hombre que fue visto con ella horas antes de la muerte en un cajero automático cercano al lugar del crimen. Pero, salvo el vídeo y las explicaciones poco coherentes del susodicho, no hubo nada más.
Entre los homicidios pendientes que antes prescribirán si no hay avances, está el que tuvo lugar en la zona de los vinos de la ciudad el 24 de noviembre de 1997. Francisco Álvarez murió supuestamente apuñalado por Enrique Cid Rodríguez, apodado 'El Lejía' -tras su paso por la Legión y la cárcel-, quien desde entonces está en paradero desconocido para las fuerzas de seguridad.
Una de las diligencias que menos avanzaron fueron las tendentes a esclarecer el asesinato el 15 de septiembre de 1999 de la anciana Rita Iglesias Cid en su vivienda de Calvelle, en Pereiro de Aguiar. Además del móvil, el robo en su casa, apenas se determinó nada más.
También el 17 de marzo de ese mismo año, una patrulla de la Guardia Civil encontró a un recién nacido en aguas del río Sil, a su paso por Arcos (Vilamartín). El bebé estaba dentro de un bolsa, con la que fue asfixiado.
Los agentes del instituto armado dedicaron meses a indagar el tiroteo, motivado, según cree, por un ajuste de cuentas por drogas, en el que pereció José Dias de Oliveira en enero de 2000 cuando se disponía a arrojar la basura en San Lorenzo de Piñor (Barbadás), en donde vivía. Y, pese a los desvelos de la familia para no cerrar el caso, el asesinato de César González Blanco (85 años) en su piso de Doctor Fléming, en la ciudad, dejó de latir. La víctima fue degollada con total impunidad, la misma con la que su verdugo accedió a la vivienda el 31 de diciembre de 2001, ya que la puerta no había sido forzada.
Los autores materiales de estos crímenes quedarán indemnes si en un plazo que oscila entre cuatro u 11 años, según los casos, alguien no los rescata del cajón.
En ese cajón, existen en Ourense ocho crímenes sin resolver que aún no han agotado los plazos de prescripción. Todos ellos, a los que se acaba de sumar el 'caso Taboadela', están archivados de forma provisional hasta que aparezcan nuevas pruebas. Desde un punto de vista práctico, el sobreseimiento implica que 'las investigaciones policiales y judiciales están paradas, pero podrían reabrir en cualquier momento', explica el juez decano de Ourense, Antonio Piña.
El archivo provisional 'no supone que el caso deje de ser investigado por la Policía o la Guardia Civil, sólo que, por el momento, no hay nada nuevo', explica el fiscal Pardinas. Por eso, hay asuntos que se reabren años después de que se les diera carpetazo. Así sucedió con un caso calificado por este mismo fiscal, el que llevó a la condena de Manuel Mouriño Faria por la muerte de la joven de 21 años Montserrat Martínez en la Semana Santa de 2001. El inculpado fue detenido y procesado nueve años después de su fechoría. Siempre había sido el principal sospechoso aunque no había pruebas que lo incriminaran. Un caso por malos tratos en Ibiza en 2010 con su entonces pareja encendió las alarmas de los investigadores, quienes volvieron a seguirle la pista y consiguieron arrancarle una confesión autoinculpatoria con matices -la había matado por accidente-, prueba de cargo suficiente para sentarlo en el banquillo. En diciembre de 2011 fue condenado por la Audiencia, a tenor de un veredicto de culpabilidad de un jurado popular, a 11 años de prisión por homicidio.
Pero no sólo las confesiones tardías reactivan una investigación archivada de forma temporal. El avance de la medicina forense, sobre todo en temas de ADN, que hoy en día ya se puede detectar en sitios inverosímiles, o el cotejo de huellas, abren el abanico a la hora de reactivar unas diligencias penales, tal como destaca Julio Jiménez, responsable de la Subdelegación ourensana del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). Recalca que en medicina 'no se puede ser categórico al 100%', de ahí que en la resolución de un caso, esto es, corroborar la autoría de un delito, haya que reunir 'pruebas variadas y categóricas para que el juez tenga el convencimiento absoluto de que las cosas sucedieron de esa forma y no de otra'.
La falta de ese tipo de pruebas ha llevado a los togados a aparcar casos como el de Taboadela y también otros. Uno de ellos el homicidio que le costó la vida a la octogenaria Remedios Justo Salgado el 15 de noviembre de 1999 tras ser brutalmente violada y estrangulada. La Policía cercó a un sospechoso, a través de una huella dactilar que, a juicio del fiscal, los puntos de identificación no resultaban suficientes para procesarlo.
Algo similar ocurrió con Marina Boo Outomuro, cuyo cuerpo apareció calcinado tras la antigua cárcel de Progreso el 17 de mayo de 2004. La Policía Judicial de la Comisaría señaló con el dedo a un hombre que fue visto con ella horas antes de la muerte en un cajero automático cercano al lugar del crimen. Pero, salvo el vídeo y las explicaciones poco coherentes del susodicho, no hubo nada más.
Entre los homicidios pendientes que antes prescribirán si no hay avances, está el que tuvo lugar en la zona de los vinos de la ciudad el 24 de noviembre de 1997. Francisco Álvarez murió supuestamente apuñalado por Enrique Cid Rodríguez, apodado 'El Lejía' -tras su paso por la Legión y la cárcel-, quien desde entonces está en paradero desconocido para las fuerzas de seguridad.
Una de las diligencias que menos avanzaron fueron las tendentes a esclarecer el asesinato el 15 de septiembre de 1999 de la anciana Rita Iglesias Cid en su vivienda de Calvelle, en Pereiro de Aguiar. Además del móvil, el robo en su casa, apenas se determinó nada más.
También el 17 de marzo de ese mismo año, una patrulla de la Guardia Civil encontró a un recién nacido en aguas del río Sil, a su paso por Arcos (Vilamartín). El bebé estaba dentro de un bolsa, con la que fue asfixiado.
Los agentes del instituto armado dedicaron meses a indagar el tiroteo, motivado, según cree, por un ajuste de cuentas por drogas, en el que pereció José Dias de Oliveira en enero de 2000 cuando se disponía a arrojar la basura en San Lorenzo de Piñor (Barbadás), en donde vivía. Y, pese a los desvelos de la familia para no cerrar el caso, el asesinato de César González Blanco (85 años) en su piso de Doctor Fléming, en la ciudad, dejó de latir. La víctima fue degollada con total impunidad, la misma con la que su verdugo accedió a la vivienda el 31 de diciembre de 2001, ya que la puerta no había sido forzada.
Los autores materiales de estos crímenes quedarán indemnes si en un plazo que oscila entre cuatro u 11 años, según los casos, alguien no los rescata del cajón.
