HUELGA

La huelga de los trabajadores de la justicia aplaza juicios en Ourense a septiembre

En la ciudad se suspendieron 67 vistas y seis declaraciones por el seguimiento masivo que paralizó la actividad judicial

La huelga de los trabajadores de la justicia aplaza juicios en Ourense a septiembre

Ni juicios , declaraciones, notificaciones ni posibilidad de tramitar pleitos o papeleo siempre y cuando no tenga el cuño de urgente (cuestiones muy tasadas al margen de la tramiración ordinaria). En los registros civiles, por ejemplo, sólo se realizaron los registros de nacimientos y las licencias para enterramiento al considerar que son dos servicios claves y esenciales para la ciudadanía.

De esta forma, los juzgados de la ciudad regresaron en pleno febrero al mes de agosto, inhábil a todos los efectos tras el seguimiento masivo de la huelga de los trabajadores de Xustiza y que ayer se convirtió en indefinida.

Un total 180 personas (93,7%), incluyendo los servicios mínimos, entre el edificio judicial de O Couto y el Pazo de Xustiza, decidieron secundar el primer día de huelga indefinida en una administración ya de por sí tremendamente colapsada en la que las aminoraciones de penas por dilaciones indebidas, por ejemplo en los juzgados penales, son invocadas en numerosas ocasiones.

En total, se supendieron 67 juicios, 30 de ellos en la jurisducción social. Nueve de ellos, en el Mercantil (Instancia 4), relegados en la agenda al mes de septiembre. Este juzgado, junto a Familia, es de los más saturados con los nuevos señalamientos en el horizonte del año 2019. En las grandes ciudades gallegas, se supendieron medio millar de juicios.

El comié de huelga, en el que están representados CSIF, SPJ-USO, AXG-CUT, UGT, STAJ, CIG y CC.OO., aseguraron que entre el miércoles y el viernes serán 130 las vistas aplazadas a causa de la huelga solo en la ciudad de As Burgas.

No hubo altercados entre los usarios afectados por el paro pero si algún cabreo que otro. Un afectado por el embargo de su coche en una ejecución de sentencia que pretendía solventarlo en la mañana de ayer aseguraba que tan siquiera pudo presentar una queja porque en Atención al Ciudadano también estaban de huelga.

También los profesionales de la judicatura se ven perjudicados. El abogado Miguel Caride asumía con resignación como los juicios que le habían suspendido en la huelga de diciembre se volvían a aplazar. "Comparto las razones de los trabajadores, pero a los profesionales supone un gran engorro porque mientras no resuelves asunto no los cobras", aseguraba.

Resto de ciudades gallegas

El seguimiento también fue elevado en el resto de ciudades gallegas, según desveló ayer José Antonio Sotelo Santos, el portavoz de siete sindicatos convocantes con presencia en la mesa sectorial, en la concentración que tuvo lugar delante del edificio judicial de O Couto a media mañana. Por ejemplo, en Lugo, Ferrol y A Coruña el seguimiento fue del 85 por ciento; en Santiago rondó el 90 por ciento, mientras que en Vigo y Pontevedra alcanzó el 94 por ciento.

Por su parte, la Xunta rebajó el porcentaje de seguimiento de la primera jornada al 38,74%, es decir, 1.046 trabajadores de un total de 2.700. Con todo, el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, explicó que este dato no computa las ausencias justificadas y los servicios mínimos. Si se sumasen estas ausencias y los servicios mínimos, la propia Xunta admite que el seguimiento de la huelga se situaría en un 71%. 

Feijóo admite que se necesitan mejoras pero ve insasumibles todas las peticiones

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, abogó ayer por continuar con las negociaciones con los sindicatos, pero aclaró que el Gobierno no puede aceptar las condiciones que proponen. En la sesión de control en el Parlamento, el presidente gallego admitió que los trabajadores de este sector merecen mejoras en sus condiciones laborales, consciente de que durante la crisis "todos los empleados públicos echaron una mano enorme para cuadrar las cuentas públicas. Pero no por ello se puede dar luz verde a todas sus reivindicaciones, puesto que algunas de ellas (elevar este años las retribuciones) incluso serían contrarias a la ley", añadió.

Entre 75 y 62 euros al mes

La Xunta  mantiene que el aumento salarial del complemento transitorio que demanda el comité de huelga y que cifra "en unos 3.000 euros al año" por trabajador público es "absolutamente inasumible" para las arcas públicas gallegas, e insiste en que la propuesta autonómica sitúa las retribuciones de los funcionarios judiciales de la comunidad "por encima de la media".

En concreto, plantea un incremento de 75 euros al mes (900 euros al año) para los gestores; 62 euros al mes (744 al año) para los tramitadores; y 55 euros al mes (660 al año) para los auxilios. Eso sí, el incremento, que tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2019, se aplicaría en tres anualidades (no cobrarían el total comprometido hasta 2021).