La persistencia de la crisis los obliga a irse de Ourense, aunque menos que en el resto de Galicia
Los datos del Ministerio de Empleo relativos a afiliación a la Seguridad Social de la población inmigrante señalan que se ha producido de nuevo un descenso de 108 trabajadores en Ourense con respecto al mismo mes del año pasado, por lo que también este sector se suma a la reducción de afiliaciones, aunque se ha producido un ligero incremento con respecto al mes de marzo pasado. Este dato supone una caída del 2,67 % en la población activa inmigrante en el último año, aunque en menor medida que en el resto de provincias gallegas -mientras en A Coruña el descenso fue de 902 personas (7,90 %), en Lugo de 266 (5,76 %) y en Pontevedra de 10.181 (9,01 %)-.
En total, en abril se registraba en la provincia una población inmigrante de 3.917 personas, de las que 2.172 correspondían a personas de países de la Unión Europea y 1.745 a oriundos de otros continentes. Dentro de los inmigrantes de la Unión Europea, 1.384 son hombres y 788 mujeres, mientras que en el caso de los que no pertenecen a la UE, 729 son hombres y 1.016 mujeres.
Juan Alberto Soutullo Fernández, educador social de la asociación Teranga Ourense -entidad que desarrolla su labor de apoyo a la inmigración con apoyo de la Fundación Juan Soñador de Salesianos, aportaciones de particulares y de Novagalicia Banco-, señala que "si hablamos de inmigración africana, hablamos de gente que, para llegar aquí, ha tenido que afrontar muchos esfuerzos físicos, razón por la cual son los hombres los escogidos". La cosa cambia cuando se habla de inmigrantes procedentes de Latinoamérica, donde "el balance entre mujeres y hombres es más equilibrado", teniendo en cuenta que "las mujeres de esta procedencia acuden para cubrir, sobre todo, puestos de cuidado de mayores, trabajo en el hogar u hostelería", mientras los hombres lo hacen para "tareas más físicas y de producción en cadena", según apunta Soutullo.
Precisamente en lo relativo a los sectores en los que están trabajando, 2.614 pertenecían al régimen general, 81 al agrario, 542 al de empleo en el hogar y 680 eran autónomos.
Sin embargo, esos cerca de 4.000 inmigrantes reflejados por la estadística no son la totalidad de la población inmigrante que tiene la provincia, explica Soutullo, ya que hay un importante porcentaje de ellos que sufren la denominada situación irregular sobrevenida. Esta situación se produce cuando un inmigrante pierde el trabajo y no puede renovar el permiso de residencia, momento en el cual debe reiniciar todo el proceso para volver a recuperar la situación de regularización, apunta el educador social, que añade, al hilo de esto, que debido a esa situación de estrés emocional, ha crecido notablemente el número de personas que requieren tratamiento psicológico en los últimos meses ya que se trata de personas que no cuentan con ningún colchón familiar en nuestro país.
Es precisamente esta situación la que lleva a muchos de ellos a decidirse por dejar nuestro país, aunque regresen al suyo sin haber podido cumplir el sueño.
