El Juzgado de Instrucción 3 de la ciudad, con competencias en materia de violencia de género, y el Penal 2 han comenzado a ordenar la instalación de pulseras telemáticas a maltratadores con el fin de garantizar la seguridad de las víctimas o el cumplimiento efectivo de las penas de alejamiento. Dos años antes hubo una intentona, pero no llegó a cuajar por la reticencia de los operadores jurídicos (jueces y fiscales, principalmente) a su puesta en práctica al tratarse Ourense de una ciudad pequeña que hace complicado mantener la distancia de seguridad sin que el dispositivo cree alertas infundadas.
El primer caso, hace dos meses, por el cual el condenado aceptó llevar un brazalete de control a cambio de la suspensión de una pena de cárcel por maltrato, infringió en numerosas ocasiones la distancia de seguridad con lo cual acabó ingresando en prisión, tal como precisan fuentes del Penal 2, órgano encargado de la ejecución de la sentencia.
El segundo se remonta a este mismo verano y su instalación fue ordenada por la jueza titular de Instrucción 3, Cristina Martínez, en la guardia del 26 de julio, tras así haberlo interesado el ministerio fiscal y el abogado de la perjudicada.
Una sentencia por violencia de género de mediados de julio imponía a Isacc F.C. (27 años) la prohibición de acercarse a A.C.I. (24) a menos de 300 metros de su domicilio o lugar de trabajo, así como la de comunicar con ella en el plazo de un año y cuatro meses. El joven acabó detenido ya que la víctima había denunciado que cuando ella se encontraba el 24 de julio en la zona de Velle su expareja, al verla, hizo un trompo en el coche delante de ella y un corte de manga, un hecho que le ha valido un nuevo proceso penal por quebrantamiento de medida cautelar (el fiscal reclama seis meses de cárcel).
No obstante, para garantizar el cumplimiento de la pena ya impuesta el 15 julio, la jueza creyó necesaria la instalación de una pulsera-brazalete de control habida cuenta del incumplimiento denunciado.
Los dispositivos de localización GPS (la pulsera para el penado y el móvil para la víctima con un 'botón del pánico') corren por cuenta de la empresa Cometa, radicada en Madrid, que a su vez está en contacto con las fuerzas de seguridad y los juzgados. Funcionan con una batería eléctrica que el inculpado debe recargar regularmente con un cargador que se le facilita al objeto de garantizar la transmisión de datos al centro Cometa y, por tanto, de la localización del sujeto. La descarga está catalogada como un incidencia técnica grave en tanto que salta la alarma y no permite localizar al penado comprometiendo en gran medida la seguridad de la víctima.
La entrada en la zona de exclusión es la que más distorsiones está provocando en Ourense debido a la falta de distancias reseñables entre barrios. El propio Isaac F.C. -el alejamiento es de 300 metros- lo está comprobando de motu propio. En su caso, no resulta complicado que salte la alarma de proximidad aunque él no desee en esta ocasión incumplir la medida cautelar. De hecho, Cometa comunicó hasta tres alertas un mismo día y en solo media hora cuando el joven merodeaba por su propio barrio el día 27 de este mes.
Hasta la propia víctima dio cuenta a la Policía Nacional como cada vez que frecuenta una cafetería que le gusta en la zona de la Universidad le salta la alarma. Algo, por otro lado, nada anómalo si se tiene en cuenta que su expareja vive en la avenida de Buenos Aires.
El segundo se remonta a este mismo verano y su instalación fue ordenada por la jueza titular de Instrucción 3, Cristina Martínez, en la guardia del 26 de julio, tras así haberlo interesado el ministerio fiscal y el abogado de la perjudicada.
Una sentencia por violencia de género de mediados de julio imponía a Isacc F.C. (27 años) la prohibición de acercarse a A.C.I. (24) a menos de 300 metros de su domicilio o lugar de trabajo, así como la de comunicar con ella en el plazo de un año y cuatro meses. El joven acabó detenido ya que la víctima había denunciado que cuando ella se encontraba el 24 de julio en la zona de Velle su expareja, al verla, hizo un trompo en el coche delante de ella y un corte de manga, un hecho que le ha valido un nuevo proceso penal por quebrantamiento de medida cautelar (el fiscal reclama seis meses de cárcel).
No obstante, para garantizar el cumplimiento de la pena ya impuesta el 15 julio, la jueza creyó necesaria la instalación de una pulsera-brazalete de control habida cuenta del incumplimiento denunciado.
Los dispositivos de localización GPS (la pulsera para el penado y el móvil para la víctima con un 'botón del pánico') corren por cuenta de la empresa Cometa, radicada en Madrid, que a su vez está en contacto con las fuerzas de seguridad y los juzgados. Funcionan con una batería eléctrica que el inculpado debe recargar regularmente con un cargador que se le facilita al objeto de garantizar la transmisión de datos al centro Cometa y, por tanto, de la localización del sujeto. La descarga está catalogada como un incidencia técnica grave en tanto que salta la alarma y no permite localizar al penado comprometiendo en gran medida la seguridad de la víctima.
La entrada en la zona de exclusión es la que más distorsiones está provocando en Ourense debido a la falta de distancias reseñables entre barrios. El propio Isaac F.C. -el alejamiento es de 300 metros- lo está comprobando de motu propio. En su caso, no resulta complicado que salte la alarma de proximidad aunque él no desee en esta ocasión incumplir la medida cautelar. De hecho, Cometa comunicó hasta tres alertas un mismo día y en solo media hora cuando el joven merodeaba por su propio barrio el día 27 de este mes.
Hasta la propia víctima dio cuenta a la Policía Nacional como cada vez que frecuenta una cafetería que le gusta en la zona de la Universidad le salta la alarma. Algo, por otro lado, nada anómalo si se tiene en cuenta que su expareja vive en la avenida de Buenos Aires.
