Entre los efectos intervenidos en la residencia del exconcejal lucense y expresidente de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, fue intervenida una carpeta 'perfectamente ordenada, con todos los documentos procesales', según señala, en el segundo interrogatorio al que fue sometido, la instructora de la Operación Pokemon, la juez Pilar de Lara, quien llama la atención acerca de que tuviese en su poder ciertos escritos.
Así, en la comparecencia e del 15 de octubre de 2012, Pilar de Lara pregunta a Fernández Liñares las razones por las cuales tenía e en su domicilio una declaración de perjudicada de la también juez en Lugo Estela San José, instructora de la Operación Campeón, que también salpicó a varios políticos; y una copia de la declaración que prestó como testigo un policía local en las diligencias de la Operación Carioca, que también instruía Pilar de Lara y cuyos pinchazos fueron el germen del caso Pokemon.
La juez le hace notar al político socialista que no debería tener esos documentos y también le pregunta la razón por la cual tenía en esa carpeta una resolución de expediente sancionador de Construcciones Sanle. Fernández Liñares dice que esos documentos se los hicieron llegar de forma anónima.
De Lara le pregunta también si tiene algún negocio con el juez de lo Contencioso número 1 de Lugo, José Manuel López Casanova, a la vista de una conversación entre ambos que fue pinchada y en la que Fernández Liñares le dice que tiene 'ideas económicas e ideas técnicas' que le podrían servir.
