El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía el pasado 13 de abril la nueva regulación sobre seguridad para los ascensores. Esta normativa ITC (Instrucción técnica complementaria), que entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio, obligará a realizar mejoras y actualizar buena parte de los elevadores en funcionamiento. La provincia de Ourense cuenta con 41.811 ascensores, según el último dato recogido por el Instituto Galego de Estadística. De éstos, cerca de 7.000 precisarán una reforma total con la entrada en vigor de esta ley, según la estimación del sector. Por su parte, Benito Iglesias, presidente de Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias considera que “más del 80% de los ascensores de Ourense, tendrán que realizar algún tipo de renovación, aunque sea mínima”.
El coste de estas renovaciones tendrá que ser asumido por las propias comunidades de vecinos, ya que por el momento no existen ayudas a las que acogerse. Además, el presidente de la comunidad será ahora el responsable de que el ascensor sea sometido a las revisiones periódicas establecidas, cuando hasta ahora recaía directamente en la empresa de mantenimiento.
Por normal general, este tipo de inspecciones técnicas se realizan cada dos años en ascensores públicos y de edificios industriales, cada cuatro en los edificios residenciales y cada seis en los que cuentan con pocas paradas. Así, cuando toque someterse a la próxima supervisión, habrá que ver si se el ascensor se ajusta a la nueva ley. En caso de no pasar la revisión, el elevador tiene que quedar fuera de servicio. “La norma establece que las empresas mantenedoras tienen 24 horas para parar aquellos ascensores que no tengan la inspección al día”, afirma Ángeles Ríos, presidenta de AEGA (Asociación Empresarial Gallega de Ascensores).
Mejoras a llevar a cabo
Gran parte de los ascensores en Ourense tienen más de treinta años y no cuentan con los requisitos que introduce la nueva normativa. Entre las renovaciones a realizar está la de asegurar una comunicación bidireccional desde el interior de la cabina para las llamadas de emergencia en caso de atrapamiento. También se incrementan las exigencias en lo relativo a la reapertura de forma segura de la puerta para entrar y salir del ascensor, por lo que todos los ascensores tendrán que incorporar una cortina fotoeléctrica como dispositivo de protección.
Otra de las mejoras tiene que ver con impedir o detener el movimiento de la cabina más allá de la planta, así como la incorporación de controles de carga y contrapeso para que el elevador avise de la sobrecarga en cabina. Además, se debe garantizar la accesibilidad universal para que personas con discapacidad física puedan hacer uso del elevador sin problemas. “El número de reformas a realizar en los ascensores variará en función de la antigüedad del aparato. Los problemas llegarán en los más antiguos, los que tengan menos de diez años apenas van a tener problemas”, explica Ángeles Ríos.
Multas por incumplimiento
Esta será la quinta normativa de seguridad en ascensores, reemplazando así a la que estaba en vigor desde 2016. Las otras regulaciones databan de 1966, 1985 y 1997.
Respecto a los posibles incumplimientos, la norma prevé sanciones duras, con multas que van desde los 60.000 euros por infracciones leves hasta los 100 millones por infracciones consideradas de carácter muy grave. “El sector del ascensor está tremendamente regulado. A nosotros no nos parece que sea excesivamente dura. Lo que ha hecho es unificar normas que ya existían en varias comunidades autónomas. En Galicia llevábamos años pidiendo muchas de las exigencias que recoge esta normativa”, afirma la presidenta de AEGA. Desde el sector apuntan que todas estas mejoras moverán 708 millones de euros en los siete años a nivel nacional. Cabe recordar que España es el país del mundo con mayor número de ascensores por habitante, con 20 elevadores por cada mil personas.
Se avecina un aluvión de derramas desde 2.000 a 30.000 euros
La nueva normativa establece que la responsabilidad del mantenimiento del ascensor recae ahora en los presidentes de las comunidades. Ellos serán los encargados de que el ascensor se someta a las inspecciones periódicas. Hasta ahora, lo habitual era que cada comunidad contratase con una empresa un servicio de mantenimiento e inspecciones periódicas.
A partir de julio, una vez caduque la inspección técnica de los ascensores, los presidentes de comunidad van a tener que avisar a las empresas reguladoras para pasar una inspección que asegure que mantiene las condiciones de seguridad originales, o que en caso de no disponer de ellas, que han sido actualizadas. Si el ascensor no pasa la revisión acorde a la nueva normativa, será clausurado en un plazo de 24 horas. Desde AEGA insisten en la necesidad de que los titulares de los ascensores y las comunidades de vecinos revisen la pegatina que certifica que el ascensor está en regla y la inspección ha sido realizada por el Organismo de Control Autorizado, dependiente de la Consellería de Industria.
Será la propia comunidad la que tenga que hacer frente a los gastos en caso de renovación. “A nadie le gusta aprobar derramas, pero no va a quedar otro remedio. Habrá comunidades que incluso tengan que pedir financiación”, explica el presidente de Fegein. Estos gastos pueden ir desde los 2.000 euros para reformas pequeñas o algún cambio puntual en la seguridad del elevador, hasta los 30.000 euros para aquellas comunidades que tengan que cambiar el ascensor por completo, aunque desde AEGA apuntan que la sustitución total del aparato se dará solo en “casos muy puntuales”. Los elevadores que se verán más afectados serán aquellos instalados antes del cambio de siglo. “A partir del año 2000 todos los ascensores que se instalaban tuvieron que acogerse a la normativa europea. Por lo tanto, todos los que están instalados antes de esa fecha son los que van a necesitar más modificaciones”, afirma Benito Iglesias. La presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, Teresa Suárez, afirma que “prácticamente todos los ascensores gestionados por un profesional colegiado tienen la inspección periódica obligatoria en regla”.
Esta nueva ITC también recoge que los propietarios de ascensores que se instalen por primera vez en edificios deberán presentar una serie de documentos ante la autoridad competente de su comunidad autónoma. Entre estos papeles se incluyen la ficha técnica de la instalación, la declaración de conformidad con la normativa de la UE, el manual de funcionamiento, el contrato de mantenimiento actualizado o el certificado de haber pasado la inspección inicial.
Sin ayudas económicas
Las comunidades de vecinos que se tengan que enfrentar a una renovación total o parcial de su ascensor lo harán por el momento sin ayudas económicas de ningún organismo. Algo que solicitan a la Xunta desde la patronal.“Este tipo de ayudas en ascensores, por criterio, las concede el Instituto Galego de Vivenda e Solo. Hace años ya se aportaron ayudas para instalar elementos como la comunicación bidireccional en algunos ascensores. Desde el sector del ascensor insistimos en que sería bueno que hubiese una línea de ayudas por parte de la Consellería de Industria”, afirma Ángeles Ríos.
En la misma línea, se manifiestan desde el Colegio de Administradores. “Las ayudas son necesarias siempre. Sobre todo serán fundamentales en los casos de comunidades que tengan que cambiar el elevador por completo”, explica Teresa Suárez.
