Una comisión judicial, encabezada por la instructora de la 'Operacion Pokemon', la jueza Pilar de Lara, y la secretaria del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, acompañó al propietario de Sanle, Manuel Santiso, imputado en la causa, a una entidad financiera para proceder a la apertura de una caja de seguridad.
Según han informado hoy fuentes próximas al caso, esas diligencias se llevaron a cabo en la mañana de ayer.
Acompañaban a la jueza y al empresario varios agentes de Vigilancia Aduanera y el abogado que se ocupa de su defensa y, según las mismas fuentes, la instructora ordenó la apertura de la caja de seguridad para comprobar si Manuel Santiso guardaba dinero o documentación relevante para el caso en la misma.
El propietario de la empresa Sanle, Manuel Santiso, quedó en libertad el pasado 26 de septiembre tras prestar declaración ante la jueza instructora durante más de cinco horas, aunque para evitar la cárcel tuvo que abonar la fianza más elevada impuesta hasta ahora a los imputados en este proceso, que asciende a 20.000 euros.
Fuentes de su defensa informaron a EFE de que el hecho de que se le impusiese una fianza más elevada vino motivado por la exigencia del ministerio fiscal, como consecuencia de la capacidad económica del propio imputado.
Los abogados de Santiso han presentado ya un recurso contra la fianza impuesta por la jueza, dado que considera que los 20.000 euros que tuvo que abonar el empresario es una cifra 'desproporcionada' en relación con los delitos que se le imputan.
Además, argumentan que no existe riesgo de fuga y que a estas alturas de la investigación ya 'no tiene sentido' imponer una fianza al imputado, habida cuenta de que las diligencias están ya muy avanzadas.
Hasta ahora, han logrado evitar su ingreso en prisión con el abono de las correspondientes fianzas el ex alcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio, que pagó 10.000 euros, y el ex regidor de Ourense, Francisco Rodríguez, que ingresó 6.000 euros, aunque los abogados de ambos recurrieron también la fianza impuesta.
También tuvo que abonar una fianza de 4.000 euros el delegado del grupo Vendex en Galicia, José María Tutor, y el ex concejal del BNG en la ciudad de Ourense, Fernando Varela, que tuvo que pagar 3.000 euros, aunque su defensa también presentó recurso.
Acompañaban a la jueza y al empresario varios agentes de Vigilancia Aduanera y el abogado que se ocupa de su defensa y, según las mismas fuentes, la instructora ordenó la apertura de la caja de seguridad para comprobar si Manuel Santiso guardaba dinero o documentación relevante para el caso en la misma.
El propietario de la empresa Sanle, Manuel Santiso, quedó en libertad el pasado 26 de septiembre tras prestar declaración ante la jueza instructora durante más de cinco horas, aunque para evitar la cárcel tuvo que abonar la fianza más elevada impuesta hasta ahora a los imputados en este proceso, que asciende a 20.000 euros.
Fuentes de su defensa informaron a EFE de que el hecho de que se le impusiese una fianza más elevada vino motivado por la exigencia del ministerio fiscal, como consecuencia de la capacidad económica del propio imputado.
Los abogados de Santiso han presentado ya un recurso contra la fianza impuesta por la jueza, dado que considera que los 20.000 euros que tuvo que abonar el empresario es una cifra 'desproporcionada' en relación con los delitos que se le imputan.
Además, argumentan que no existe riesgo de fuga y que a estas alturas de la investigación ya 'no tiene sentido' imponer una fianza al imputado, habida cuenta de que las diligencias están ya muy avanzadas.
Hasta ahora, han logrado evitar su ingreso en prisión con el abono de las correspondientes fianzas el ex alcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio, que pagó 10.000 euros, y el ex regidor de Ourense, Francisco Rodríguez, que ingresó 6.000 euros, aunque los abogados de ambos recurrieron también la fianza impuesta.
También tuvo que abonar una fianza de 4.000 euros el delegado del grupo Vendex en Galicia, José María Tutor, y el ex concejal del BNG en la ciudad de Ourense, Fernando Varela, que tuvo que pagar 3.000 euros, aunque su defensa también presentó recurso.
