El fiscal sostiene que el acusado se hizo pasar por un falso guardia civil

A juicio por viajar en taxi medio año sin pagar

El fiscal acusa a Antonio D.L. (37 años) de viajar gratis durante seis meses en taxi por distintas ciudades de España haciéndose pasar por agente de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Los hechos, denunciados por una taxista que ejerce en la ciudad, sucedieron entre enero y junio de 2010, y ocasionaron una deuda que la propia perjudica cifró en 36.000 euros (incluye préstamos que le hizo para saldar deudas con supuestos compañeros del cuartel) y el fiscal cuantificó en 28.894 .
Acusado y víctima, según sostiene la acusación pública, se conocieron en diciembre de 2009. Iniciaron una relación sentimental que en enero de 2010 dio un paso más: formalizaron una relación laboral cuando Antonio D.L. le confesó que era guardia civil y que precisaba de los servicios de taxi para trasladarse por distintas ciudades en ejercicio de su labor profesional. A modo de justificante, le aportó números de autorización de la Guardia Civil y una tarjeta de identidad de la persona que, en teoría, autorizaba los viajes, todos ellos con punto de partida en Ourense.

Comenzó así un largo periplo de desplazamientos en taxi. Según la denuncia de la taxista, sólo en el mes de febrero acreditó 26 viajes de ida y vuelta a ciudades como Madrid, Valladolid, Oviedo, Salamanca, Vigo o A Coruña, entre otras.

En el mes de marzo, por ejemplo, el falso agente llegó a viajar prácticamente todos los días de mes en taxi excepto los días 21, 27 y 28, con recorridos que iban desde Madrid (520 euros ida y vuelta) a los 90 del recorrido Ourense-Vigo.

La puesta en escena del presunto estafador, provisto de maletín, incluía que la bajada de bandera se efectuara delante de diversos edificios oficiales, provistos de banderas o custodiados por militares, a los cuales llegó a acceder en alguna ocasión. Asimismo, durante el viaje, recibía supuestas llamadas de superiores en los que comentaba aspectos relacionados con los falsos viajes oficiales.

La estafa se destapó cuando la denunciante, por indicación del propio acusado, envió las facturas a la Dirección General del a Guardia Civil y Policía en Madrid, en la calle Guzmán el Bueno 112. Desde esa institución, se pusieron en contacto con ella para decirle que las facturas no eran legales y el número de identificación del agente (TIP) no pertenecía a nadie. Al día siguiente, la taxista interpuso la denuncia.

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