La víctima se puso como arrendataria del establecimiento de hostelería para intentar ayudarles porque "confiaba en ellos" pero se sintió engañado cuando retiraron el dinero de la cuenta bancaria.
Álvaro G.Y.U. y Amparo Ch. C., un matrimonio acusado de haberse quedado con el dinero de la indemnización de un trabajador al que tuvieron contratado en su restaurante durante siete años, negó en el juicio celebrado en la Audiencia que se hubiese quedado con los 8.000 euros que percibió de la Seguridad Social al asegurar que el dinero era para "salvar el negocio".
La víctima se puso como arrendataria del establecimiento de hostelería para intentar ayudarles porque "confiaba en ellos" pero se sintió engañado cuando retiraron el dinero de la cuenta bancaria.
Durante el juicio, el fiscal trató de probar que, en diciembre de 2013, el matrimonio, que regentaba un negocio de hostelería, informó al empleado, R.D.S.U., una persona con "deficiente instrucción", de que por dificultades de la empresa tenía que dejar el trabajo y que le tramitaría toda la documentación para que pudiera cobrar el paro. Para ello, sostiene que ambos acusados, amparándose en la confianza que el trabajador tenía en ellos, abrieron una cuenta corriente a nombre de la mujer para percibir la prestación por desempleo en un pago único para poder hacerse autónomo.
Durante el juicio, el empresario negó los hechos y aseguró que llegaron a un acuerdo con el trabajador para intentar sacar el negocio adelante para lo cual abrieron una cuenta, pero siempre con conocimiento del empleado.
Por su parte, este último únicamente reconoció que firmó como arrendatario, pero que no tenía conocimiento de las intenciones de la pareja. "Confiaba en ellos pero me engañaron", apostilló.
En sus conclusiones definitivas, el fiscal rebajó la petición de pena inicial de casi tres años de cárcel a un año y seis meses, además de seis meses multa (seis euros a día), al aplicarle la atenuante de reparación del daño, dado que los acusados ya consignaron en el juzgado los 8.000 euros pedidos como responsabilidad civil. Mientras, la acusación particular solicitó cinco años de cárcel.
Por su parte, la defensa abogó por la libre absolución tras asegurar que existió un acuerdo entre ellos con el objetivo de salvar el negocio por un interés mutuo de ambas partes y en base a la "situación económica desesperada" del matrimonio. En todo momento, negó que la pareja intentase quedarse con el dinero de la indemnización, asegurando que estaba a disposición de todos y que se cogió para pagar deudas y gastos relativos a la actividad empresarial.
