El exmarido, que pide cuatro años de cárcel, dice que vivió 'con mucho desasosiego' la falta de noticias
María García Mosquera aseguró ayer en la sala de vistas del Juzgado de lo Penal 2 que no tuvo intención de incumplir la sentencia de la Audiencia de Oviedo de 11 de marzo de 2013 que otorgaba la guarda y custodia de su hija de seis años a su exmarido. Según explicó, intentó agotar todas las medidas legales a su alcance (interpuso un procedimiento de medidas urgentes presentado en el Juzgado de Familia de Ourense) para que la pequeña siguiera viviendo en la ciudad y, de esta forma, evitar, a su entender, un grave riesgo de daños irreparables por el desarraigo que iba a provocarle un cambio de residencia . "Sólo intenté protegerla", dijo en la primera sesión del juicio oral abierto contra ella por sustracción de menores. También negó que mantuviera a su hija en paradero oculto entre el 16 de abril y el 17 de junio de 2013, tal como sostiene el fiscal y su excónyuge, quien ejerce la acusación particular. "Me ausenté de Ourense una semana", reconoció, para de esta forma explicarle a la pequeña lo qué podría sucederle si la última baza judicial no daba resultados. "Tenía que prepararla", dijo.
Por su parte, la policía entiende que la niña estuvo en paradero desconocido durante dos meses tras la denuncia interpuesta por el padre cuando acudió a Ourense a recogerla y no la encontró. De hecho, el inspector jefe de la Policía Judicial, Demetrio Martínez, reconoció que vigilaron "de forma discreta" el inmueble donde reside la familia. Eso sí, reconoció que fueron vigilancias aleatorias "porque no tenemos personal suficiente". Y confirmó, como después haría el propio director del colegio Mestre Vide, que la menor dejó de ir a clase.
Para la inculpada, el proceso iniciado por su exmarido para retirarle la custodia obedece a motivaciones espúreas derivadas de su decisión de separarse (la sentencia de divorcio es de 22 de febrero de 2010): "Me amenazó con que si no podía tenerme a mí, me quitaría a mi hija", aseguró.
El padre relató una versión diametralmente distinta. "Entre el 5 de abril y el 17 de junio no tuve ningún tipo de contacto con mi hija porque estaba secuestrada". Entró al detalle para describir que vivió esos días con mucha tensión y desasosiego, siempre pendiente del teléfono: "No sabía si estaba viva o muerta, en el extranjero (...)", acusando a la que fuera su esposa de incumplir una resolución judicial firme (delito por el que le pude cuatro años de prisión y que el fiscal rebaja a dos).
El denunciante asegura que comunicó a finales de marzo de 2013 a su exesposa que iría a por la niña a Ourense, ya que consiguió plaza en un colegio de Oviedo, requisito que establecía la Audiencia en su sentencia para la entrega efectiva de la menor.
En este último punto, la madre considera que ese requisito no se cumplía porque la decisión de escolarizar a su hija en un colegio en concreto debía hacerse previo consenso de los padres -"entendí que había que llegar a un acuerdo"-. El fiscal recordó durante el juicio que los jueces validaron en 2015 la matrícula de la niña como un acto unilateral del progenitor.
La vista oral continuará el miércoles a las 10.00 horas con la declaración de la secretaria del colegio de Oviedo y las exposición de conclusiones de las partes.
