LR- La Policía Local ha precintado ya el velatorio de San Miguel de Canedo (Ourense), tras la notificación del auto judicial que lo clausuraba. Los vecinos están molestos porque se ha precintado toda la casa rectoral y no sólo este local. Asimismo, la Consellería de Cultura obliga a derribar parte del tanatorio de Arnoia.
Una sentencia ha ordenado clausurar un velatorio que se había habilitado en un bajo de la casa rectoral de San Miguel de Canedo, en Quintela (Ourense). La decisión judicial se produce después de que un vecino (el más próximo al lugar) hubiera presentado una denuncia contra esta utilización del local, consentida por el Obispado hace aproximadamente tres años y que daba servicio a, aproximadamente, unos 600 vecinos de ese barrio.
Tras la notificación judicial, Sanidade ya ha realizado un requerimiento a las funerarias para que no trasladen cadáveres a este lugar. La Policía Local acudió a precintar el recinto, causando malestar entre el vecindario por el hecho de que este precinto no afecte únicamente al local que se utilizaba como velatorio sino a toda la casa rectoral. No en vano, en el inmueble reside una familia de inmigrantes y sus bajos son utilizados por los vecinos para diversos fines (ensaya una coral...). De ahí que quieran que se limite el precinto al local del velatorio.
La Xunta ilegaliza el tanatorio de Arnoia La construcción de un tanatorio pegado al atrio de la iglesia de Arnoia ha provocado que la Consellería de Cultura lo declare ilegal, al mismo tiempo que exige al Concello que presente el proyecto de obras mediante el que justifique la actuación. El concejal del BNG, Santiago Alberte, declaró en rueda de prensa, que Patrimonio obliga a derribar la cubierta del edificio, que ha quedado habilitada como una pequeña plaza pública, y que sobrepasa la altura de dos panteones.
El nacionalista afirma que las notificaciones de derribo por parte de Patrimonio se remontan al año 2004 y que pese a los intentos del alcalde Rogelio Martínez para legalizar la obra, ahora la Consellería de Cultura ha remitido la resolución definitiva, que incluye una sanción de 5.000 euros y la obligación de derribar parte de la estructura, al considerar inadecuada la creación de un espacio abierto al atrio de la iglesia, porque invade este espacio protegido.
