Después de la decisión del PP de no apartar de sus cargos a los diputados imputados en causas judiciales.
Los grupos provinciales de PSdeG y BNG han confirmado hoy su ausencia de las próximas reuniones de la comisión para elaborar el código ético de la Diputación de Ourense tras la decisión del Partido Popular de no apartar de sus cargos a los diputados imputados en causas judiciales y por la política de contratación del organismo provincial.
Tras una reunión que se prolongó apenas unos cinco minutos, en la que estuvieron presentes los portavoces de los tres grupos políticos, PSdeG y BNG abandonaron este primer encuentro que estaba programado para determinar las líneas del código ético.
Antes de participar en la reunión, el diputado del BNG, Xaime Óscar Iglesias, criticó en rueda de prensa las "artimañas" y la "falta de transparencia" del PP en la institución provincial, haciendo alusión a la política de contrataciones mediante asistencias técnicas así como la privatización de servicios.
El partido nacionalista exigía el cese de los cargos imputados para participar en este encuentro. "Si no, no vamos seguir con esta farsa", apostilló Iglesias, quien consideró imprescindible dar ejemplo".
"A la ciudadanía no se le engaña haciendo un código ético para la galería", proclamó Iglesias, quien ha pedido el "cese fulminante" de los cargos actualmente imputados: el alcalde de Carballiño, Argimiro Marnotes, imputado en la operación Pokemon; el de Xinzo de Limia, Antonio Pérez, por supuestas irregularidades en contrataciones, y el de Barbadás, Freire Couto, por supuesta corrupción urbanística.
El código, de carácter provincial, que regula las normas éticas para los cargos electos y personal de la administración provincial, así como la supresión de nombres en las placas en edificios públicos y establece un pacto antitransfuguismo no contempla actuaciones con cargos imputados.
El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, había indicado en su presentación que no es función de el organismo provincial regular este tipo de circunstancias al exceder del ámbito competencial sino de las organizaciones políticas, fijando "la adecuación de los tiempos procesales según la condición judicial de sus militantes".
Para Iglesias, un código ético debería precisamente "intentar evitar este tipo de casos". En este sentido, recordó que cada vez que ha habido políticos del BNG imputados en causas judiciales "la persona decidió marchar de manera voluntaria".
Por su parte, el portavoz del PSdeG en la Diputación, Ignacio Gómez, ha manifestado la negativa de su grupo a participar en dicha reunión, que ha tildado de "un simulacro ético y estético", y aseguró que Baltar mantiene "los mismos vicios" de cuando gobernaba su predecesor, José Luis Baltar, en alusión a las "contrataciones de hijos de alcaldes".
En la misma línea que los nacionalistas, el portavoz socialista defendió que los diputados imputados en procesos judiciales "sean apartados" de las juntas y órganos colegiados.
"Cualquier persona inmersa en un proceso judicial debe ser apartada si quiere hablarse de transparencia", indicó Gómez, sin concretar si aplicaría el mismo código en el ayuntamiento de Ourense, donde se encuentran varios cargos socialistas imputados.
Preguntado a este respecto, el dirigente socialista recordó que mientras en otras instituciones sí se produjeron dimisiones, "en esta casa no dimitió nadie, nunca se reprobó a nadie y ni siquiera se planteó crear una comisión de investigación".
En este punto, hizo alusión a la política de contrataciones de la diputación, donde se mantiene "una relación de hijos de alcaldes", en algunos casos, contratados a través de empresas vinculadas a la institución.
