El titular del Juzgado de Instrucción de Ribadavia, José Luis Deaño, deberá pronunciarse nuevamente sobre el auto de apertura de juicio oral contra el delegado de la Xunta, Rogelio Martínez, y los otros 10 imputados, ya que todos ellos recurrieron el auto por el que las diligencias previas se transformaban en procedimiento abreviado, dando por finalizada la instrucción del caso.
En líneas generales, los letrados de los inculpados coinciden en plantear la nulidad del proceso porque en el auto de apertura de juicio oral no se precisan los delitos que se le imputan a cada uno de los procesados. Además plantean la prescripción del delito (atribuido a hechos ocurridos en el año 1999 y 2000), así como la falta de conexión con hechos delictivos recogidos en el código penal.
Mientras, la defensa de Alfredo Lázaro Gutiérrez precisó ayer que su cliente sí fue llamado a declarar como imputado, comparecencia que tuvo lugar en Sevilla, mediante exhorto, aunque se acogió a su derecho de no hacerlo, contrariamente a los que sostenía la acusación particular del BNG. Lázaro Gutiérrez obtuvo financiación europea, a través del grupo de acción local Ceivam, que presidía Martínez, para un taller de cerámica. Presentó una certificación de obra de 1.583 euros que no se ajusta a lo realizado -pavimentación-, según el juez instructor.
Mientras, la defensa de Alfredo Lázaro Gutiérrez precisó ayer que su cliente sí fue llamado a declarar como imputado, comparecencia que tuvo lugar en Sevilla, mediante exhorto, aunque se acogió a su derecho de no hacerlo, contrariamente a los que sostenía la acusación particular del BNG. Lázaro Gutiérrez obtuvo financiación europea, a través del grupo de acción local Ceivam, que presidía Martínez, para un taller de cerámica. Presentó una certificación de obra de 1.583 euros que no se ajusta a lo realizado -pavimentación-, según el juez instructor.
