Los tres años de crisis han provocado un descenso del 65% en la producción de áridos, un sector básico para la ejecución de numerosas obras, desde las edificaciones a las líneas de alta velocidad, autovías o puertos, y del que dependen otras ramas de actividad como la elaboración de cemento, prefabricados de hormigón o el transporte de mercancías por carretera. Así lo pusieron de manifiesto el vicepresidente de la Asociación Galega de Áridos, Juan de Dios Martín Aparicio, y el director general, José Manuel González, ayer en Ourense.
El fin de la burbuja inmobiliaria ha sido la causa principal de la recesión del sector, por lo que las infraestructuras representan el grueso de su actividad en la actualidad. Por ello, los profesionales del sector reclaman que no se ralentice y no se paralice la ejecución de obras públicas, sino al contrario, que se incremente la licitación. En este sentido, piden también que se elabore un plan de mantenimiento de las infraestructuras existentes, y que no se descuide a pesar de la situación de crisis.
En el área financiera, el sector reclama también que se facilite la concesión de créditos y, además, que se cumplan los plazos de cobro establecidos en la Ley de Medidas contra la Morosidad, que fija en 85 días el plazo máximo en la actualidad y 60 días a partir de 2013.
Las empresas de extracción de áridos piden también medidas para evitar la competencia desleal y garantizar que los materiales que se empleen en la obra civil provengan de explotaciones legalmente autorizadas. En este sentido, los empresarios explicaron que, ante la crisis, están detectando que entran en el mercado productos que no cumplen los requisitos exigidos o procedentes de explotaciones en las que no existe control medioambiental o es deficiente.
En el ámbito normativo, el sector reclamó una mayor planificación urbanística sobre la existencia de recursos mineros, tanto los preexistentes como los que ya se encuentran en explotación, así como la mejora de la coordinación entre las administraciones a la hora de autorizar las explotaciones. En este sentido, los representantes de la Asociación Galega de Áridos explicaron que la actividad del sector está condicionada por la ubicación del yacimiento, puesto que los áridos no se pueden transportar muy lejos de donde se producen, por motivos de coste y medioambientales. No obstante, se encuentran con el problema de que en numerosos casos se ignora la existencia de recursos mineros. Por ello, los empresarios demandan que la Lei de Ordenación Urbanística se modifique para que los usos extractivos no sean prohibidos de forma genérica, sino que se evalúe caso por caso. Además, reclaman la inclusión de los recursos mineros en los planeamientos urbanísticos y que se desbloqueen los complejos procedimientos actuales para obtener licencias, ya que, aun cumpliendo todos los requisitos, llegan a tardar 10 años en obtenerlas.
En el área financiera, el sector reclama también que se facilite la concesión de créditos y, además, que se cumplan los plazos de cobro establecidos en la Ley de Medidas contra la Morosidad, que fija en 85 días el plazo máximo en la actualidad y 60 días a partir de 2013.
Las empresas de extracción de áridos piden también medidas para evitar la competencia desleal y garantizar que los materiales que se empleen en la obra civil provengan de explotaciones legalmente autorizadas. En este sentido, los empresarios explicaron que, ante la crisis, están detectando que entran en el mercado productos que no cumplen los requisitos exigidos o procedentes de explotaciones en las que no existe control medioambiental o es deficiente.
En el ámbito normativo, el sector reclamó una mayor planificación urbanística sobre la existencia de recursos mineros, tanto los preexistentes como los que ya se encuentran en explotación, así como la mejora de la coordinación entre las administraciones a la hora de autorizar las explotaciones. En este sentido, los representantes de la Asociación Galega de Áridos explicaron que la actividad del sector está condicionada por la ubicación del yacimiento, puesto que los áridos no se pueden transportar muy lejos de donde se producen, por motivos de coste y medioambientales. No obstante, se encuentran con el problema de que en numerosos casos se ignora la existencia de recursos mineros. Por ello, los empresarios demandan que la Lei de Ordenación Urbanística se modifique para que los usos extractivos no sean prohibidos de forma genérica, sino que se evalúe caso por caso. Además, reclaman la inclusión de los recursos mineros en los planeamientos urbanísticos y que se desbloqueen los complejos procedimientos actuales para obtener licencias, ya que, aun cumpliendo todos los requisitos, llegan a tardar 10 años en obtenerlas.
