Presentó un escrito en el juzgado en el que declaró por la licencia de la residencia universitaria.
La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, volvió a declarar ayer en el juzgado como imputada; en esta ocasión, por la licencia de ocupación concedida a la residencia universitaria, anulada en la vía contenciosa. Soto, que compareció ante el mismo juez al que recusó en el caso de las obras de Bedoya -Antonio Piña-, presentó a través de su representación legal y antes de declarar, un escrito en el que solicita que se cite a comparecer en calidad de imputados, "ante la probabilidad de que pudieran ser responsables de un posible delito de prevaricación por los mismos hechos por los que se sigue esta querella", a los exalcaldes Manuel Cabezas y Enrique Nóvoa, y a los exconcejales Ricardo Campo Labrador y Aurelio Gómez Villar, con responsabilidades "en materia de licencia de apertura y reposición de la legalidad urbanística durante los años 2001 y 2007", en relación, además, con los permisos concedidos a la residencia de As Lagoas.
La concejala sostiene que "se están utilizando los juzgados de lo penal por parte de especuladores para presionar a aquellos que no se someten" como, dice, es su caso. En el caso de la querella que ayer la llevó ante el juez, la vinculó a "un promotor de la ciudad -la hija de Bautista Rodríguez, de Casas Orense- que utiliza los juzgados para su beneficio personal. Es al que se le negó el 10% de aprovechamiento en el Campus universitario y a base de querellas intenta presionar al Concello y sobre todo a mí para que se le regale el 100%, que era la práctica habitual en el Concello".
INFORMES TÉCNICOS
La edila recordó que la residencia universitaria fue inaugurada en 2001 -de ahí que pida la citación como imputados de los políticos gobernantes de entonces- y funcionó sin ningún tipo de denuncias hasta 2009. Además, aseguró que la licencia se concedió "de acuerdo con informes técnicos y jurídicos, presentando en tesorería del Concello el 100% de la cuantía de las obras de urbanización del proyecto aprobado en 2001". Ante el juez, Soto declaró que no encargaba informes a la carta y que las obras de urbanización no se podían hacer porque la concesionaria de la residencia no contaba con la totalidad de los terrenos, tal y como le había hecho constar al Concello en distintos escritos entre 2001 y 2006. También afirmó ante el juez que la querellante mantiene una actitud "beligerante" contra ella.
Mientras, el técnico imputado, Bienvenido Fernández, declaró que Soto no le ordenó ni le aconsejó cómo tenía que hacer el informe en el que se basó la licencia de ocupación. Explicó, además, que al no poderse urbanizar "se da por urbanizado con la fianza depositada"
Por su parte, el abogado de la querellante, Antonio Feijoo, dice que "nada tiene que ver el 10% de los aprovechamientos con la ilegalidad de la residencia universitaria". A su juicio, "es una tomadura de pelo dar por cumplido el deber de urbanizar solo porque Siresa (la concesionaria) diga que no puede hacer las obras".
