El sector del transporte de viajeros volverá a la huelga los días 27 y 28 de abril, jueves y viernes, en toda Galicia. Y advierten que a partir del 8 de mayo se convertirá en un paro indefinido si no se atiende a sus demandas.
La huelga ha sido convocada por los sindicatos CIG, CCOO y UGT, que denuncian en un comunicado que no se ha avanzado en la negociación de los cuatro convenios provinciales, la situación precaria del sector (tanto en lo relativo a las condiciones laborales como a la propia prestación del servicio) y los reiterados problemas de seguridad que presentan los vehículos.
También concovan una concentración frente a la Estación de Autobuses de Santiago de Compostela, el próximo día 25 de abril, desde donde saldrán en manifestación hasta el Parlamento de Galicia.
Denuncias del sector
Las organizaciones sindicales denuncian que, a pesar del paro en el pasado mes de marzo, en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense, las mesas se reúnen pero no se producen avances, mientras que en Lugo la comisión negociadora "ni siquiera se junta desde el año 2017".
Critican la postura intransigente de la patronal, "que pretende liquidar la negociación con una subida miserable del 0,8% para los años de vigencia de los convenios". "Un incremento irrisorio teniendo en cuenta que el coste de la vida está disparado, que no garantiza la actualización de los salarios, y que supondría consolidar la pérdida del poder adquisitivo acumulado al no contemplar ninguna cláusula de revisión", argumentan.
Entre otras demandas están las mejoras en la situación del personal acompañante ("mayoritariamente mujeres que padecen condiciones de absoluta precariedad, con contratos de hasta media hora"), en la jornada laboral, en el derecho a la conciliación laboral y familiar o en los permisos retribuidos.
Censuran, asimismo, que los cuadros de personal están "mal dimensionados" y que los incumplimientos del convenio son "reiterados", lo que está provocando que "cada vez haya menos gente que quiera trabajar en este sector por las malísimas condiciones de trabajo que existen".
En el comunicado, acusan de la situación a la Xunta de Galicia, y denuncian la negativa de Mobilidade a convocar la comisión de seguimiento de los contratos, "pese a las reiteradas peticiones de las centrales sindicales, alegando que la adjudicación está judicializada".
Añaden también que el Gobierno gallego sacó unos concursos "deficitarios" a los las empresas concurrieron rebajando las ofertas hasta un 30% sobre el precio de salida "para sacar beneficio a cuenta de explotar al personal, precarizar las condiciones de trabajo y prestar un servicio deficiente".
Por último, denuncian el "lamentable estado" de la flota de autobuses, "con vehículos muy viejos, a los que no se le hace el mantenimiento adecuado, y que sufren averías constantes que ponen en riesgo la seguridad de usuarios y conductores".
Sobre esto añaden que las antigëdades de los autobuses, en la mayoría de los casos, "no se corresponden con lo que ofertaron las empresas en los concursos para obtener mejor puntuación".
