El recurrente se opone y reclama, en caso de que se acepte, una indemnización por el valor del suelo según el plan de 1996
El Tribunal Superior de Xustiza tendrá que dictaminar si es inejecutable -o si ya está ejecutada- la sentencia de 1999 que ordenaba realizar una nueva reparcelación de la manzana ubicada en las traseras de la avenida de Portugal. El Concello ha presentado un incidente de inejecución, toda vez que el proyecto de reparcelación que ha encargado -y que no fue todavía aprobado- implicaría elevadas cargas económicas a los vecinos de la zona, puesto que llevaría consigo la demolición de varios edificios.
Al incidente ya se ha opuesto la reclamante, Edificaciones Cruceiro -del promotor Bautista Rodríguez-, al que el Supremo le reconoció en 1999 que el Concello debía realizar un nuevo procedimiento para el reparto de beneficios y cargas en esta zona. No obstante, no fue hasta enero de 2012 cuando el promotor pidió la ejecución de la sentencia, cuando el gobierno municipal consideraba que ya se le había compensado con recalificaciones en otros puntos de la ciudad. Para el abogado de Rodríguez, Antonio Feijóo, la pretensión municipal es "una tomadura de pelo y un escupitajo en la cara de la Justicia, puesto que este tipo de estrategias no buscan otra cosa que eludir las responsabilidades del servicio de Urbanismo".
Indemnización
Con este incidente de inejecución, o en su defecto, entender que la sentencia ya está ejecutada, el Concello no reconocería el derecho del recurrente a ser indemnizado, precisamente la opción por la que apuesta su abogado ante la dificultad de ejecutar la sentencia. Así, en su escrito de oposición al incidente presentado por el abogado que representa al Concello, Carlos Hernández, el recurrente reclama su derecho a ser indemnizado, aún en el caso de que se reconozca la inejecución de la sentencia. Según él, la indemnización debería incluir "sin perjuicio de otros conceptos (gastos judiciales, daños derivados del retraso en el cumplimiento de la sentencia), cuando menos el valor que le correspondería al suelo de estar terminada la actuación urbanizadora que debiera haber tenido lugar en régimen de equidistribución: es decir, el valor urbanístico del suelo con arreglo a su edificabilidad según el PGOU de 1986".
La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, explicó en más de una ocasión, basándose en un informe realizado por el Concello, que el promotor ya vio incrementados los aprovechamientos urbanísticos en otras propiedades (Ricardo Coutier o Ramón María Aller) de forma considerable. Soto, llegó a asegurar, en base a estos informes, que el constructor había sido compensado de esta forma con 13.974.794 euros más que los que les correspondían (según ella, algo más de 404.000 euros). El letrado de Bautista Rodríguez niega que se le hubiese compensado y por ello reclama la ejecución de la sentencia o, en su defecto, una indemnización económica al quedar su parcela sin aprovechamiento.
