El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha convocado para el próximo día 20 de marzo la vista de apelación para revisar la condena de Raúl Jiménez Salazar, el exlíder gitano al que la Audiencia de Ourense impuso 26 meses de cárcel por extorsionar a Amelia Belmonte, una trabajadora social del Concello de Ourense. En la vista oral, la defensa del condenado, enjuiciado por un jurado popular en noviembre pasado, expondrá a los magistrados los motivos por los que reclama que se estudie de nuevo el fallo que ya penó a su cliente, tras ser hallado culpable de un delito de amenazas condicionales.
La Audiencia de Ourense, tras el veredicto que emitió el jurado, condenó a Jiménez Salazar a la citada pena de cárcel, así como a pagar una indemnización a la perjudicada de 3.500 euros por los daños morales que sufrió. Entonces, la sentencia consideró probado que el procesado, entre los días 9 y 11 de agosto de 2009, envió reiterados mensajes de texto a la trabajadora social y a su esposo desde distintas cabinas telefónicas, exigiéndoles, bajo amenazas, la entrega de 6.000 euros. En el último, enviado al teléfono de la víctima el día 11, instaba a Amelia Belmonte a depositar la citada suma de dinero en una papelera ubicada en Castadón (Pereiro de Aguiar). Precisamente fue ese punto en el que, en el marco de un operativo policial, los agentes detuvieron al encausado, cuando se dirigía a recoger el montante económico.
Durante el juicio, el encausado alegó que él también había sido víctima de una extorsión, indicando que dos rumanos que lo abordaron en la calle le encargaron que recogiese el dinero y que, de no aceptar, le harían daño a su familia. Estos argumentos, no obstante, no convencieron al jurado que lo juzgó, que consideró 'no probada la existencia de rumanos en el caso' y apreció 'la falta de coartada'.
Mientras que la defensa de Raúl Jiménez declinó avanzar los argumentos que esgrimirá al tribunal, la acusación particular, que representa los intereses de los perjudicados, indicó que 'el proceso se realizó con garantías' y que 'la sentencia fue justa'. Por ello, al igual que el ministerio público, se opondrá a los argumentos del letrado de Jiménez Salazar, que pedirá que se revise el fallo que penó a su patrocinado.
Durante el juicio, el encausado alegó que él también había sido víctima de una extorsión, indicando que dos rumanos que lo abordaron en la calle le encargaron que recogiese el dinero y que, de no aceptar, le harían daño a su familia. Estos argumentos, no obstante, no convencieron al jurado que lo juzgó, que consideró 'no probada la existencia de rumanos en el caso' y apreció 'la falta de coartada'.
Mientras que la defensa de Raúl Jiménez declinó avanzar los argumentos que esgrimirá al tribunal, la acusación particular, que representa los intereses de los perjudicados, indicó que 'el proceso se realizó con garantías' y que 'la sentencia fue justa'. Por ello, al igual que el ministerio público, se opondrá a los argumentos del letrado de Jiménez Salazar, que pedirá que se revise el fallo que penó a su patrocinado.
