El Consejo de Ministros aprobó ayer la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación que prohíbe la financiación pública para centros educativos que segregan a alumnos y establece sanciones de entre 300 y medio millón de euros.
Según la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, el proyecto de ley, que se remite con carácter de urgencia al Parlamento, responde a la necesidad de que la ciudadanía pueda ejercer plenamente sus derechos y para garantizar que nadie pueda ser discriminado.
Pajín reconoció que es una 'ley compleja' porque afecta a la practica totalidad de los departamentos del Gobierno y aseguró que la norma pretende avanzar en la igualdad real y efectiva de los ciudadanos, además de apostar por la convivencia.
Para el Gobierno, es 'una ley integral, general, de garantías y de derecho antidiscriminatorio', que incluye a todas las personas y alcanza a ámbitos como el empleo, la educación, la asistencia sanitaria, el acceso y permanencia en establecimientos o espacios abiertos al público.
Pajín reconoció que es una 'ley compleja' porque afecta a la practica totalidad de los departamentos del Gobierno y aseguró que la norma pretende avanzar en la igualdad real y efectiva de los ciudadanos, además de apostar por la convivencia.
Para el Gobierno, es 'una ley integral, general, de garantías y de derecho antidiscriminatorio', que incluye a todas las personas y alcanza a ámbitos como el empleo, la educación, la asistencia sanitaria, el acceso y permanencia en establecimientos o espacios abiertos al público.
