La anulación de su ERE y una deuda acumulada de 1.000 millones de euros fuerzan la medida

El Gobierno valenciano decide el cierre de su canal autonómico

Fachada del centro de la Televisión Valenciana situada en la localidad de Burjassot.
El Gobierno valenciano anunció ayer el cierre de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) declarase nulo el expediente de regulación de empleo que afectaba a un millar de empleados.

El Ejecutivo considera que la readmisión de esos más de mil empleados 'hace su continuidad inviable, pues sólo el coste de los gastos de personal de una plantilla de 1.700 trabajadores supondría aproximadamente 72 millones de euros'. A esa cantidad, recuerda la nota del Ejecutivo, habría que sumar el gasto de funcionamiento y mantenimiento de RTVV, 'un coste que la Generalitat no puede asumir en estos momentos'.

El Consell indica igualmente que tiene 'la obligación de priorizar los servicios básicos y garantizar, ante todo, una sanidad, una educación y unos servicios sociales de calidad, universales y gratuitos' y 'ése es el objetivo prioritario de todas nuestras actuaciones'.

La Generalitat manifiesta además que la difícil decisión de abordar un ERE en la Radio Televisión Valenciana se engloba dentro de la reestructuración del sector público empresarial cuya finalidad era lograr una administración más ligera y sostenible.

En el caso concreto de RTVV, la deuda acumulada y asumida por la Generalitat superaba los 1.000 millones de euros, una cifra que 'dejaba en evidencia que RTVV era claramente deficitaria e insostenible con la dimensión que tenía en ese momento'.

El fallo del TSJCV, hecho público ayer, obliga a readmitir a sus correspondientes puestos de trabajo al millar de empleados que se vieron afectados por el ERE.

El fallo de la Sala de lo Social del TSJCV llega apenas quince días después de la celebración del juicio, en el cual el fiscal pidió esa nulidad del ERE por posible vulneración de derechos fundamentales, al entender que la 'alteración' del listado de afectados supuso un 'trato discriminatorio hacia los empleados de la cadena'.

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