La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía obligó al hospital Blanca Paloma de Huelva, concertado, a retirar una sonda nasogástrica a una paciente del centro en aplicación de la Ley de Muerte de Digna, según indicaron fuentes del departamento.
Esta ley, vigente en la comunidad autónoma andaluza desde marzo 2010 y pionera en España, regula los derechos del paciente durante la última etapa de su vida y las obligaciones de los médicos que les traten, regulando expresamente la limitación del esfuerzo terapéutico, es decir, que se retire o no se inicie un tratamiento en pacientes sin posibilidad de recuperación y prohíbe el prolongar de manera 'inútil' la vida, conocido como ensañamiento terapéutico.
Este último es el caso de Ramona Estévez, la paciente sobre quien la Junta obligó al centro hospitalario a aplicar la ley y que se encuentra desde el pasado 26 de julio ingresada por un infarto cerebral al parecer irreversible. Estévez ingresó en el hospital público Juan Ramón Jiménez de Huelva donde los médicos, tras realizar un TAC, declinaron sondarla para 'no martirizarla' porque 'no sentía nada', y fue trasladada al Blanca Paloma.
Al llegar a este centro hospitalario concertado, la paciente, en coma, y tras dos o tres días ingresada, el 4 de agosto, los médicos le comunicaron a la familia de Ramona, la necesidad de sondarla porque 'el suero no alimentaba, sólo hidrataba', algo a lo que se negó la familia por expreso deseo de la paciente. Según el hijo de la paciente, José Ramón Páez, el médico les dio un ultimátum: 'O le ponía la sonda o le quitaba el suero y nos la llevábamos a casa bajo nuestra responsabilidad, advirtiéndonos de que no alimentarla estaba castigado por el Código Penal, y cedimos ante el chantaje'
ASOCIACIÓN DERECHO A MORIR
Fue entonces cuando a través de los medios de comunicación conoció la Asociación Derecho a Morir Dignamente y Páez interpuso la queja, que desencadenó en que se cumpliera la voluntad de su madre.
Páez dejó claro que no tiene nada en contra del hospital sino contra la actuación del médico, que no les dejó ejercer su derecho. Señaló que desde que ayer le quitaron la sonda, su madre permanece con cuidados paliativos y ya no recibe ningún tipo de alimentación, por lo que están esperando a que 'poco a poco su cuerpo vaya consumiendo sus propias energías hasta que descanse.
Por su parte, desde la dirección del centro hospitalario de la Blanca Paloma por el momento no se se pronunció sobre este caso. Quién si habló ayer fue la consejera de Salud, María Jesús Montero, que precisó que su departamento no tuvo que dar ninguna 'orden' a este centro del grupo Pascual, concertado con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), para que atendiera la petición de los familiares, sino que bastó una 'aclaración' sobre la aplicación de la Ley de Muerte Digna. Dijo que la petición de los hijos de esta paciente supone 'un rechazo al tratamiento', supuesto 'perfectamente contemplado' en la ley andaluza' y que 'la aplicación de esta ley se está haciendo con total normalidad en los centros sanitarios'. Por su parte, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, dijo que este caso supone 'el mejor ejemplo' de la necesidad de regular por ley la denominada muerte digna.
Este último es el caso de Ramona Estévez, la paciente sobre quien la Junta obligó al centro hospitalario a aplicar la ley y que se encuentra desde el pasado 26 de julio ingresada por un infarto cerebral al parecer irreversible. Estévez ingresó en el hospital público Juan Ramón Jiménez de Huelva donde los médicos, tras realizar un TAC, declinaron sondarla para 'no martirizarla' porque 'no sentía nada', y fue trasladada al Blanca Paloma.
Al llegar a este centro hospitalario concertado, la paciente, en coma, y tras dos o tres días ingresada, el 4 de agosto, los médicos le comunicaron a la familia de Ramona, la necesidad de sondarla porque 'el suero no alimentaba, sólo hidrataba', algo a lo que se negó la familia por expreso deseo de la paciente. Según el hijo de la paciente, José Ramón Páez, el médico les dio un ultimátum: 'O le ponía la sonda o le quitaba el suero y nos la llevábamos a casa bajo nuestra responsabilidad, advirtiéndonos de que no alimentarla estaba castigado por el Código Penal, y cedimos ante el chantaje'
ASOCIACIÓN DERECHO A MORIR
Fue entonces cuando a través de los medios de comunicación conoció la Asociación Derecho a Morir Dignamente y Páez interpuso la queja, que desencadenó en que se cumpliera la voluntad de su madre.
Páez dejó claro que no tiene nada en contra del hospital sino contra la actuación del médico, que no les dejó ejercer su derecho. Señaló que desde que ayer le quitaron la sonda, su madre permanece con cuidados paliativos y ya no recibe ningún tipo de alimentación, por lo que están esperando a que 'poco a poco su cuerpo vaya consumiendo sus propias energías hasta que descanse.
Por su parte, desde la dirección del centro hospitalario de la Blanca Paloma por el momento no se se pronunció sobre este caso. Quién si habló ayer fue la consejera de Salud, María Jesús Montero, que precisó que su departamento no tuvo que dar ninguna 'orden' a este centro del grupo Pascual, concertado con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), para que atendiera la petición de los familiares, sino que bastó una 'aclaración' sobre la aplicación de la Ley de Muerte Digna. Dijo que la petición de los hijos de esta paciente supone 'un rechazo al tratamiento', supuesto 'perfectamente contemplado' en la ley andaluza' y que 'la aplicación de esta ley se está haciendo con total normalidad en los centros sanitarios'. Por su parte, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, dijo que este caso supone 'el mejor ejemplo' de la necesidad de regular por ley la denominada muerte digna.
