El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la decisión de la Delegación de Gobierno en Madrid de prohibir la procesión atea de Lavapiés prevista para hoy, Jueves Santo, al considerar que la marcha supone 'una coacción o intimidación' a la exteriorización de la confesión religiosa cristiana.
En una sentencia notificada ayer mañana, la Sección Novena desestima el recurso presentado por los tres convocantes de la procesión contra la resolución de la delegación dictada el pasado 14 de abril. La sentencia cuenta con un voto particular de la magistrada Ángeles Huet Sande en el que discrepa de esta decisión al tachar de 'desproporcionada' la medida.
El recurso se interpuso un día después de que la delegación acordara prohibir la marcha. Los convocantes consideraron que la argumentación para prohibirla era 'falsa'. Ahora, el TSJM se opone a que la prohibición vulnere el derecho a la reunión, puesto que se antepone el derecho fundamental de libertad religiosa amparado por el artículo 16 de la Constitución.
Los magistrados argumentan que aprecian 'la existencia real de producción de altercados o desórdenes dada la fecha prevista'. Creen que si se celebra, 'pudiera derivar en problemas de orden público y enfrentamientos'. 'La manifestación, por su naturaleza, puede suponer un elemento de coacción o intimidación a la exteriorización de la confesión religiosa católica que se materializa tanto en la asistencia a templos o iglesias en tales fechas, como en la asistencia o presencia en el discurrir de la procesión'. Añade que, aunque la intención sea difundir un ideario ateo con valores de racionalidad, ello se va a materializar 'mediante un castigo a la conciencia católica haciendo daño a la misma, sin contemplaciones y siendo circunstancias a la convocatoria, la ofensa a la religión católica'.
El recurso se interpuso un día después de que la delegación acordara prohibir la marcha. Los convocantes consideraron que la argumentación para prohibirla era 'falsa'. Ahora, el TSJM se opone a que la prohibición vulnere el derecho a la reunión, puesto que se antepone el derecho fundamental de libertad religiosa amparado por el artículo 16 de la Constitución.
Los magistrados argumentan que aprecian 'la existencia real de producción de altercados o desórdenes dada la fecha prevista'. Creen que si se celebra, 'pudiera derivar en problemas de orden público y enfrentamientos'. 'La manifestación, por su naturaleza, puede suponer un elemento de coacción o intimidación a la exteriorización de la confesión religiosa católica que se materializa tanto en la asistencia a templos o iglesias en tales fechas, como en la asistencia o presencia en el discurrir de la procesión'. Añade que, aunque la intención sea difundir un ideario ateo con valores de racionalidad, ello se va a materializar 'mediante un castigo a la conciencia católica haciendo daño a la misma, sin contemplaciones y siendo circunstancias a la convocatoria, la ofensa a la religión católica'.
