El enfrentamiento entre la actual comunidad de montes en mano común de Portela-Trigal, en Carballeda, y los vecinos que afirman que este órgano les niega el derecho a ser comuneros es cada vez más grande. En la mañana de ayer, Sara Buitrago denunció ante la Guardia Civil que personal de seguridad privada le impidió acceder a la asamblea de comuneros, al igual que sucedió con otros dos habitantes de la localidad. Aseguró poseer una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmando su cualidad de comuneros, una circunstancia que vendría confirmada por aparecer en el registro de montes comunales en mano común.
La entrada a la asamblea, que se desarrolló en la antigua escuela del Trigal, les fue denegada a las 11,00 horas, transcurridas dos horas desde la primera convocatoria. Fueron tres los puntos aprobados por unanimidad de los asistentes: las cuentas de 2023, un reparto económico entre comuneros y las próximas campañas de desbroce.
Pedro Rodríguez, presidente de Agromacen (Agrogandeira do Macizo Central), colectivo que asesora a juntas de montes en la provincia, criticó la actitud de la que preside Odilo Fernández y reclamó la intervención del Servicio de Montes. “Independentemente de que se impugnen os acordos por ilegais. O Servicio de Montes debe actuar en consecuencia. Non cabe senón inhabilitar a tódala xunta de montes”, dijo. Inmediatamente, pasó a criticar al representante legal de la directiva de los comuneros y concejal de la oposición municipal de Carballeda, José Antonio Iglesias: “Se lles fan eso aos veciños do seu pobo… é unha vergoña para calquera persoa que teña un cargo público”.
El aludido, José Antonio Iglesias, aseguró que la junta de montes permitirá estar en sus reuniones a las personas que dicen ser comuneros “cuando lo diga el juez. Mientras, no. Hay que ejecutar la sentencia”. El abogado justificó la presencia de la seguridad privada que cerró el paso a las tres personas que pretendían acceder a la asamblea en que “nos agredieron la última vez. Estuvo para controlar el acceso”. Respecto a la denuncia, apuntó que el Registro de Montes “no puede dar de alta a comuneros”. Tampoco descuidó las críticas contra la Administración autonómica. “La Administración tiene que respetar la Ley. Por eso declararon nula la expropiación. La Xunta se está extralimitando”.
Sobre la petición de inhabilitación de Rodríguez, Iglesias pidió “que se limite a sus clientes, a nuestra comunidad no le hace falta”. Además, consideró “curioso” que los denunciantes “querían regalar el dinero de los terrenos a Irosa y Samaca y ahora quieren cobrar”. Además, consideró “lamentable que dé apoyo el comité de empresa de Irosa y Samaca, de la CIG”.
