Los vecinos del Trigal (Carballeda) que este martes “se manifestaron e insultaron a los comuneros” de la comunidad de montes vecinales en mano común de Portela y Trigal, reivindicando su pertenencia a ella, “no tienen la condición de comunero, al no reunir los requisitos exigidos por la Ley, ni por los Estatutos de la Comunidad”, según afirmó ayer el órgano que preside Odilo Fernández.
La comunidad de montes afirmó que los citados vecinos “animadas y financiadas por terceros” pretenden entregar el monte a las pizarreras Irosa y Samaca, que los ocupan “sin contrato y sin pagar renta alguna, desde el 1 de enero de 2015”. Añadió que su representante busca conseguir la cesión de los terrenos ”a un precio irrisorio, negándose Rogelio López Rodríguez a satisfacer una renta en las mismas condiciones que las demás empresas de pizarra que ocupan terrenos colindantes”. La junta rectora también señaló que los manifestantes se opusieron al “lanzamiento de estas sociedades de los terrenos ocupados indebidamente”.
El órgano dice que José Antonio Iglesias Franco es asesor de la comunidad, “no realizando funciones de portería”, como se quejaron los vecinos y el presidente de Agromace, Pedro Rodríguez, de quien afirman que, como técnico agrario, no debería asesorar jurídicamente o fiscalmente a nadie “por carecer de la titulación suficiente”, preguntando si busca vender los seguros que comercializa.
Pedro Rodríguez respondió que él no es Agromacen, sino que preside esta asociación que posee departamentos técnicos, jurídicos, fiscales, con ingenieros agrónomos o abogados.
